Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader advirtió este lunes que en su gobierno hay régimen de consecuencia y todo el que se beneficie de dinero adquirido de manera irregular será apresado.
“En este gobierno habrá régimen de consecuencia, puede estar seguro; ya hay varias personas detenidas, sea quien sea y en cualquier caso el que se robe un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, va preso, preso”, reiteró enérgicamente el mandatario, minutos después de llegar a la jornada del programa social Supérate.
El jefe de Estado dio estas declaraciones al ser cuestionado por la prensa sobre las decenas de tarjetas del referido programa, Supérate, que han sido clonadas en diferentes puntos comerciales, siendo los colmados los más frecuentes.
Abinader dijo que por esa razón muchas personas no han podido cobrar lo que el Estado le debita en la tarjeta, sin embargo, el dinero se le repondrá porque “el dinero del gobierno ha estado ahí”.
Asimismo, detalló que para evitar estos tipos de fraude están reforzando la seguridad del plástico de las tarjetas y que hasta el momento hay más de un millón 600 mil beneficiarios.
Esta no es la primera vez que el jefe de Estado se muestra molesto y rígido al advertir sobre el apresamiento de quienes cometan delitos durante su administración.
El robo
Aún con pocas habilidades tecnológicas, seis propietario de colmados, ya están detenidos por defraudar con 14.2 millones de pesos en tan sólo dos días al programa de ayudas sociales mediante el uso de las tarjetas “Supérate”.
Mientras profundiza la investigación, la Fiscalía solicitó 18 meses de medidas cautelares en su contra de los implicados.
Los allanamientos a seis colmados de Villa Mella, Guerra y Santo Domingo Este y el arresto de sus propietarios apenas representa la punta del iceberg de un fraude masivo contra la Administradora de Subsidios Sociales, según el Ministerio Público.
De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, sólo entre el 18 y 20 de febrero, esos seis negocios realizaron durante la noche, cuando están prohibidas la operaciones de los programas sociales, ocho mil 659 transacciones ilegales por un monto total de 14 millones 207 mil pesos.
