La sociedad dominicana no puede estar sometida a los frecuentes sobresaltos que se derivan de acciones de policías que atentan contra los derechos humanos y la integridad física de personas que ya están en su poder, y que, quiérase o no, afectan la imagen del Gobierno.

Durante la administración del presidente Luis Abinader han ocurrido varios casos de excesos policiales que terminaron con la vida de personas a manos de agentes que hoy guardan prisión por sus hechos.

En la pasada gestión del presidente Danilo Medina ocurrieron numerosos casos de la misma naturaleza, y también en la administración del presidente Leonel Fernández, para solo mencionar los más recientes.

Todos estos casos han provocado una justa indignación de la sociedad que no acaba de admitir que la institución obligada a resguardar la vida de los ciudadanos, se convierta en un peligro para las personas.

Ahora bien, lo que tenemos que valorar es la reacción de la superioridad en cada caso, y saber cuál ha sido el temperamento de ésta llegado el momento de actuar.

No podemos negar que la reacción de Abinader ha sido oportuna y enérgica para no dejar espacio a la interpretación o la duda de si en su Gobierno se apaña esa conducta, marcadamente delictiva, que se anida en agentes—una minoría, afortunadamente—quienes no acaban de entender que son otros tiempos y que están obligados a ajustar su proceder a los requerimientos de una sociedad que pide cuentas.

Si en el pasado la superioridad policial trató de encubrir a sus agentes perversos porque más arriba también se tapaba, eso ya no es posible ni es permitido.

¿Cómo dejar pasar como hechos aislados los casos de José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa; Richard Báez, en Santiago, y David de los Santos, en el Distrito Nacional, muertos en cuarteles policiales y en las mismas circunstancias en apenas quince 15 días?

Pueden ser aislados, pero la rápida reacción del presidente de la República manda el mensaje de que no pueden contar con su silencio, y que las instancias superiores de la Policía Nacional tienen que ejercer mayor control sobre sus agentes, tomando en consideración que, en un país con la cuestión política a flor de piel, esas situaciones tienden a ser aprovechadas con otros fines.

Además, no se puede soslayar que estamos sometidos al escrutinio de organismos internacionales y de gobiernos, los cuales con frecuencia pretenden atribuir a una política de Estado las malas acciones de algunos agentes policiales contra ciudadanos.

Es muy triste reconocerlo, pero en materia de desviaciones policiales y en el balance de la aplicación de consecuencias, lamentablemente ninguna administración pasada está libre de pecado.