Santo Domingo, RD.- Ante un posible paro de labores anunciado por gremios de fiscales, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, advirtió este viernes que “el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses”.
“Con responsabilidad histórica debemos advertir que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses y corremos el riesgo de perder la confianza ganada si no somos capaces de enfocarnos en atender con esmero y dedicación las exigencias legítimas de la sociedad”, manifestó la procuradora general durante una reunión este viernes.
En el encuentro, convocado el pasado 14 de septiembre, participaron además las directivas de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom).
La reunión, celebrada en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), fue encabezada por Germán Brito junto al procurador adjunto, Rodolfo Espiñeyra; el procurador de corte, Jonathan Baró; la fiscal María Rosalba Díaz y el fiscalizador Juan Gabriel Pereyra, todos integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).
La gestión de la magistrada Germán Brito impulsa un proceso de organización institucional y mejoría en las condiciones laborales de los fiscales y de todo el personal del Ministerio Público que, en dos años, ha incluido bonificaciones pendientes, así como reajustes salariales para una mejor calidad de vida.
“Cumplamos, pues, responsablemente con nuestra labor de procurar justicia en nombre de la sociedad, y todo lo demás nos llegará por añadidura”, les expresó la magistrada Germán Brito.
Advertencia
El pasado 22 de septiembre, el presidente de la República, Luis Abinader, fue intimado por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, asigne a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público.
La intimación al mandatario, fue hecha por el coordinador general de la entidad, Francisco Rodríguez Camilo, a través del ministerial Isaac Rafael Lugo, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, mediante acto 304-22, del 20 de septiembre pasado
En el acto de alguacil, los fiscales advirtieron que, en caso de no consentir su requerimiento, podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad en el país. Esto incluye la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Esto, en palabras de la magistrada Germán, se ve como un trasunto de que se pretende una anarquía, "olvidándonos que la justicia es un servicio público que no debe ser paralizado".
