Con el paso del tiempo, todo parece indicar que en el país se ha producido otro “borrón” del sistema de justicia. Lo que aun no sé, supongo que no, es si abrimos “otra cuenta nueva” en la página histórica de la corrupción que comenzó hace ya más de 500 años sin que nadie, ningún gobierno, haya garantizado la eliminación del flagelo que mantiene en el atraso más abyecto a la República Dominicana, porque la corrupción les roba a los dominicanos su presente y su futuro.
Durante la campaña electoral el Partido Revolucionario Moderno y su candidato, Luís Abinader, prometieron terminar con la corrupción enviando a los tribunales a los depredadores. Diversas organizaciones políticas y sociales se movilizaron en la Plaza de la Bandera y en todo el territorio nacional en reclamo del cese de los recursos públicos que alcanzó niveles sin precedentes durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
Los cinco gobiernos del PLD, tres de Leonel Fernández, dos de Danilo Medina, fueron, sin lugar a dudas, los más corruptos desde la dictadura de Trujillo. Organismos nacionales e internacionales evidenciaron los altísimos niveles de robos de los dineros del pueblo. Fuimos considerados como uno de los países más corruptos del mundo.
Luís Abinader, ya convertido en presidente, ratificó, en múltiples ocasiones, su decisión de terminar con la corrupción, someter a la justicia a los corruptos, inhabilitarlos política y socialmente, despojarlos de los bienes adquiridos ilícitamente y enviarlos a prisión por un buen tiempo. Dijo, una y otra vez, que las “vacas sagradas terminaron en el país”, que los corruptos irían a la cárcel, etc., etc. Aun retumban en mis oídos sus palabras y promesas. Para lograrlo, sin violentar la Constitución ni las leyes, el mandatario prometió un Ministerio Público Independiente.
Pero cometió un error: creyó que bastaba con la designación de la magistrada Mirian Germán Brito al frente del Ministerio Público. La prestigiosa magistrada no podía cumplir con tan importante y delicada tarea de someter a la justicia a los corruptos, enviarlos a prisión y despojarlos de los bienes robados. ¡Imposible! Los cambios en la justicia debieron comenzar con el sistema; los cambios debieron ser estructurales; todo el sistema de justicia, el modelo, debió ser modificado de arriba abajo, desde los jueces de paz, siguiendo por las demás instancias, incluyendo la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, todas las cortes, incluyendo las “Altas Cortes”, con Consejo Nacional de la Magistratura, la Escuela de la Judicatura, etc. Había que hacer un verdadera revolución judicial que involucrara el ejercicio del derecho. Era dentro de ese contexto que el presidente Abinader y el PRM tenían que plantear la creación de un Ministerio de Justicia.
