La caída del presidente del Paraguay, Santiago Peña, en medio de un mayúsculo escándalo tras el descalabro de uno de los principales bancos de ese país, pone de manifiesto la necesidad de resaltar la separación que se debe establecer entre los políticos profesionales y los demás elementos que acceden a las funciones públicas.

En el país sudamericano se estableció una relación del destituido presidente con empresarios afines, a quienes facilitó la captura de instituciones estatales para beneficiarse a costa del interés general.

Lo que hizo Peña difícilmente lo haga un político de oficio, pues, con las excepciones que marca la regla, se cuidan de no establecer abiertamente una relación ventajista de estos vínculos.

¿Por qué no lo hacen? Porque el político tiene entre sus planes seguir gravitando en este quehacer, mientras que los otros se convierten en aves de paso, lo que degenera en acciones que perjudican al Estado.

Además, el político—por muy perverso que resulte—tiene compromisos sociales que lo vinculan a la población, lo que frena determinado comportamiento negativo.

El caso paraguayo es apenas el más reciente de una cadena de fracasos en que han terminado gobiernos administrados por empresarios, tecnócratas, militares y otros aventureros que han llegado al Gobierno de sus países a servir de instrumento de los intereses creados.

La capacidad de estos individuos para hacerse de los bienes colectivos se torna más fácil cuando la administración estatal la es dirigida por un empresario y no por un político de carrera.

Así las cosas, el caso paraguayo ilustra el nivel de afectación del interés colectivo y hasta dónde pueden llegar los voraces del sector privado cuando tienen en la presidencia a un socio y no a un facilitador del desarrollo empresarial.

Es decir, el político profesional se preocupa por crear las condiciones para que los empresarios y otros agentes del sector privado desarrollen sus actividades dentro del marco propicio para la creación de riquezas.

El defenestrado presidente del Paraguay rebasó este marco y en cambio se dedicó a pavimentar el camino a sus socios del conglomerado empresarial ido a la quiebra, arrastrando en su caída a más de la mitad de la población con capacidad para disponer de una cuenta y hacer otros negocios con el hundido banco. Estos descalabros empresariales deberían alertar a los votantes.