La primera en advertirlo fue la hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito siendo presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia: con ese expediente, basado en especulaciones y conjeturas, sin ningún elemento probatorio, será imposible determinar responsabilidades.

La magistrada pagó un precio muy alto al denunciar el carácter político del expediente: “Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones precisas sobre actividades tajantes de los imputados. Abundan el “yo creo”, “me parece”, y en algunos aspectos, una categórica negativa”.

Los hechos posteriores a la denuncia del soborno del Ministerio Público se encargarían de darle la razón a la magistrada Germán, que luego fue sacrificada en un acto bochornoso por el ex presidente Danilo Medina y su lacayo Jean Alain Rodríguez, ex procurador preso acusado de corrupción.

La empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para obtener cuantiosos contratos durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. (Solo el ex presidente Mejía habló desligándose de cualquier acto de corrupción y poniendo sus bienes y los de su familia a disposición del Ministerio Público en caso de hallar cualquier elemento que lo vincule a hechos violatorios de la ley.

Los demás ex presidentes, Fernández y Medina, a pesar de que durante sus gobiernos se firmaron casi todos los contratos y que la oficina de sobornos fue trasladada desde Brasil a Santo Domingo, por razones de seguridad y confiabilidad en las autoridades, no dijeron nada. Tampoco fueron investigados ni interrogados al respecto).

La mayoría de los imputados fueron descartados. Algunos declarados inocentes o “no culpables” por falta de pruebas. Al final solo quedó el abogado Conrado Pittaluga, que finalmente fue puesto en libertad. Condenados sólo fueron el ex ministro de Obras Públicas, el ingeniero Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, que apelaron la sentencia. Díaz Rúa fue condenado por “enriquecimiento ilícito” cuando fue acusado por soborno, en tanto que Ángel Rondón fue condenado por soborno.

Lo que no entiendo -al igual que muchas otras personas- ¿cómo es que Díaz Rúa es acusado de soborno y termina condenado por enriquecimiento ilícito. Y ¿cómo es que Rondón es condenado por soborno, pero no aparece en el expediente un solo sobornado? Es simple: el expediente fue preparado desde un principio para que nadie resultara condenado. Los sobornados no aparecen. Los 92 millones de dólares que Odebrecht admite que otorgó en soborno, no aparecen. Nadie los recibió. Ningún diputado, senador, ministro y ningún presidente de la República.