La primera oferta pública de acciones en el mercado de valores lanzada el pasado miércoles por la empresa César Iglesias constituye un hito en la historia económica dominicana que debe marcar una nueva etapa en el desarrollo del país y que tiene una enorme significación política para la democracia dominicana.

Como se sabe, el mercado de valores, a pesar de una vieja ley de 1953, realmente arranca en el país con la creación de la Bolsa de Valores de Santo Domingo como entidad privada operativa desde 1991, siendo fortalecido con la Ley del Mercado de Valores No. 19-00 del año 2000, derogada y reemplazada por la Ley No. 249-17. Se ha desarrollado básicamente como un mercado de títulos de deuda sin la profundidad que otorga un mercado primario de ofertas de acciones y un mercado secundario donde se transen estos títulos de capital.

Varias razones explican la ausencia de un mercado de capitales en el país, que merecerían una larga monografía pero que podrían resumirse, sin embargo, del modo siguiente: durante mucho tiempo a las empresas dominicanas les ha resultado mucho más rentable endeudarse a altas tasas con la banca que abrir sus estados financieros a las autoridades y al público. Otras causas hoy explican el surgimiento de este mercado, como son:

1º Una prolongada estabilidad macroeconómica, gracias a un Banco Central que, como administración independiente y órgano extrapoder con autonomía reforzada a nivel constitucional y de la Ley Monetaria y Financiera (LMF) de naturaleza superorgánica, asegura la posibilidad de calcular racionalmente los riesgos de la emisión y la inversión.

2º La creciente transparencia a que están sometidas las empresas en los sectores regulados, principalmente en los servicios financieros y públicos, y, en sentido general, la gran mayoría de las grandes y medianas empresas debido a la mejora en la eficiencia recaudatoria de la Administración Tributaria, lo que obliga a acudir a los mercados de capitales para disminuir los costos de financiamiento de las empresas, financiamiento que, por demás, a nivel bancario está limitado por las normas prudenciales adoptadas desde la entrada en vigor de la LMF en 2002.

3º El surgimiento y desarrollo de inversionistas institucionales, especialmente las administradoras de fondos de pensiones, que canalizan mediante una gestión profesional y regulada los ahorros de los trabajadores hacia una inversión rentable y diversificada que asegura la sostenibilidad financiera de sus pensiones.

Las ofertas públicas de acciones asegurarán una mayor transparencia de las corporaciones por las estrictas normas de gobernanza corporativa y cumplimiento que exigen las normas y autoridades del mercado de valores, lo que debe mejorar aún más la recaudación tributaria y tiene un efecto expansivo de irradiación en el mercado por la sana “envidia institucional” o deseo de emulación que genera en las demás empresas la imagen corporativa y reputacional que surge de la mera participación como emisor de capital.

Pero lo más importante es que esta nueva fase del mercado de valores que inicia ahora promisoriamente permitirá a los ciudadanos de a pie ser partícipes del éxito de decenas de empresas y es el primer gran paso para que millones de proletarios puedan convertirse en propietarios de capital financiero y para que la clase media pueda diversificar la inversión de sus ahorros más allá de los certificados de depósito bancarios.