Desde hace unos años las diferentes administraciones del Estado se han empeñado en adoptar políticas encaminadas a darles participación a las micro, pequeñas y medianas empresas, creándoles nichos de oportunidades para su acceso a las compras que realizan los entes públicos.

Lo han hecho apartando un porcentaje de las compras para que la competencia por la mejor oferta se dé entre iguales, en atención a que resultaría imposible que una mipyme pueda enfrentarse a una grande, por ejemplo, en una comparación de precios.

El resultado de esas políticas estatales ha sido el incremento impresionante registrado en un sector de la economía nacional que antes ni siquiera era evaluado como parte de las relaciones con la Administración.

Actualmente son decenas de miles de mipymes que transan con el Estado a través de una diversa modalidad de oportunidades, y se benefician—o deberían beneficiarse—del porcentaje que la ley acuerda para ellas, un elevado número gerenciadas por mujeres y madres solteras que mantienen sus familias a través de esas negociaciones lícitas.

En la administración pasada se le dio categoría de Viceministerio al sector y se agregó el término a Industria y Comercio, donde se implementaron medidas que han sido fortalecidas en la actual gestión.

Sin embargo, mediante maniobras de difícil control, muchas grandes empresas han creado incontables mipymes que montan una competencia desleal al sector al que, de manera justa, no pertenecen.

Para que se entienda la envergadura, digamos que la gran empresa “A” le vende a precio competitivo a la mipyme “B”, de modo que esta tenga margen para ofertar un precio de competencia al comprador estatal. Pero de repente A decide crear una o varias mipymes con las cuales también participar en una comparación de precios, lo que automáticamente, saca de competencia a B.

Es lo que ocurre desde hace un tiempo, y echa por el piso la vocación distributiva del pastel en la adquisición de bienes y servicios que procura el Gobierno como política dirigida a hacer más horizontales las oportunidades y, por consiguiente, los beneficios que se derivan de operaciones comerciales con la administración pública.

Sabemos que es engorroso frenar esta práctica desleal que inclusive se presta para hacer dumping, y buscar que se respete lo que legalmente corresponde a un sector de por sí precarizado. Pero algo se debe hacer.