Cuando ha salido al debate la narrativa de que algunas potencias tienen un plan encaminado a lograr la fusión de la República Dominicana y Haití, la pregunta obligada que debe ser respondida es la siguiente: ¿quién asume a quién?
Y lógicamente, es una interrogante que carece de respuesta, aunque se pudiera pensar que, dado nuestro mayor desarrollo en todos los sentidos, deberíamos ser nosotros quienes permanezcamos, mientras Haití desaparece.
Sin embargo, la cuestión crucial, el trance más complicado en este asunto, es que muchas veces los haitianos ofrecen la evidencia de que tienen un sentido de nación más acendrado que nosotros, lo cual, si se quiere, puede ser hasta discutible.
El caso es que el presente discurrir nos está dando la razón, cuando vemos que los haitianos, que casi nunca se ponen de acuerdo en nada—y de ahí parte del gran desbarajuste general que lacera ese país—ahora mismo tienen un discurso unificado en la disputa con nosotros por sus pretensiones de aprovecharse de un recurso que no les pertenece.
¿Y nosotros en cuál posición nos encontramos frente a este problema? Estamos virtualmente divididos en función de lo que políticamente conviene a cada cual, partiendo de los intereses en juego pautados por la agenda electoral.
El precario Gobierno haitiano—que en un principio envió el mensaje engañoso de que la construcción era un asunto meramente privado—recogió esa mentira y se unificó en torno a la defensa de la obra, incluso supeditado al accionar de las bandas criminales que movilizan medios y personas para la defensa de “su canal”.
Es decir, tienen una sola posición, un interés común, mientras nosotros nos desgarramos porque supuestamente existe una intención reeleccionista del presidente Luis Abinader en cada medida que adopta respecto de la compleja cuestión haitiana.
Ande o no en afanes de reelección, el presidente de la República debería contar con el apoyo mancomunado de todos los dominicanos, cuyo liderazgo dispone de otros nichos para generar sus apoyos electorales.
El comandante en jefe está obligado a defender todo lo que pertenece al país, no importa que para ello termine afectando—de forma temporal como en el caso actual—algunos intereses, que si bien legítimos, por ser particulares se les impone la causa nacional. Y Luis ha puesto de manifiesto que lo electoral es secundario.
