El principal quebradero de sesos que han tenido las autoridades en los últimos años tiene que ver con el auge de las acciones delictivas dirigidas desde determinadas cárceles, llamadas centros de rehabilitación en el lenguaje políticamente correcto.
Han sido muchos y muy variados los hechos de delincuencia organizados y dirigidos por reclusos que disponen de mecanismos comunicacionales que les permiten llevar a cabo con absoluta impunidad sus actos delictivos a control remoto.
Nada nuevo se dice cuando se advierte que el acceso a dichos instrumentos no puede ser posible sin la colaboración efectiva —y complicidad en muchos casos— de autoridades encargadas de velar para que eso no ocurra.
Durante muchos años se ha advertido que la única vía para afrontar la situación es mediante el bloqueo de señales celulares, de forma que a los delincuentes recluidos les serviría de poco contar con los dispositivos si no disponen de acceso a la red.
El tiempo pasó y todo siguió igual. Muchas promesas, inversiones fallidas y algo más, sin que se pusiera en marcha el bloqueo, algunas veces bajo el alegato de que las prestadoras de servicio celular lo objetaban, pues terminaría afectando a la población externa a los recintos penitenciarios.
Sin embargo, salta a la vista que realmente lo que faltaba era la voluntad, pues en cuanto asumió la presidencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara se ha propuesto enfrentar el problema. Y yo digo: si Guido no lo hace, nadie lo haría, conociendo la determinación que caracteriza su personalidad.
En consecuencia, ha de suponerse que contando con los recursos necesarios, la voluntad de Guido y la colaboración efectiva de la Procuraduría General de la República, la instalación de estos bloqueadores de señales podrá ser efectiva ahora.
No es posible que existiendo todos los adelantos tecnológicos y la capacidad humana se permitiera que muchas cárceles fueran convertidas en laboratorios del crimen, donde se organizan y dirigen asesinatos, secuestros, extorsiones, estafas, ciberdelincuencia a diferentes escalas, robos de vehículos y un amplio catálogo de otros delitos graves o simples.
Ahora bien, es probable que haya que ir un poco más allá de la instalación y funcionamiento de los bloqueadores, pues de alguna manera los delincuentes y sus aliados dentro de las cárceles se ingeniarán la forma de seguir operando bajo otros métodos.
