SANTO DOMINGO.- "La calle entró por la ventana del Palacio de Justicia y la justicia salió por la ventana". Así reaccionó el abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, tras la prisión preventiva de 18 meses impuesta a su defendido, acusado de dirigir una red que desfalcó al SENASA con cerca de 16 mil millones de pesos.
Consideró que ese fallo pone en riesgo su salud y que equivale a una condena a la paraplejia o cuadriplejia.
Para Valerio, el juez se excedió al valorar el estado de salud de Hazim y aseguró que, con la imposición de 18 meses de prisión preventiva, la responsabilidad de preservar su condición médica recae ahora en el Ministerio Público.
Afirmó que, aunque la defensa respeta y acata la decisión judicial, ejercerá los recursos correspondientes.
Sostuvo que el proceso estuvo marcado por una fuerte presión social y cuestionó las garantías para el ejercicio del derecho de defensa.
Señaló que no existen garantías suficientes en el país frente a ese escenario.
Anunció que la defensa acudirá a una junta médica y reiteró que cada paciente requiere un tratamiento distinto, el cual —según dijo— deberá ser garantizado en el centro penitenciario.
Enviados a la nueva correccional de Las Parras
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres; sin embargo, Valerio denunció que su defendido fue enviado juntos a otros imputados a la nueva cárcel de Las Parras.
Según explicó el jurista, la información aún no ha sido confirmada de manera oficial, pero sostiene que el traslado se produjo la misma noche en que fue dictada la medida de coerción.
"Lo que le decía era que tengo informaciones extra que todavía no le he confirmado, de que en vez de enviarlo a Najayo Hombres lo enviaron a Las Parras", expresó.
El abogado cuestionó que la resolución del juez Rigoberto Sena establece de manera expresa que los imputados debían ser enviados a Najayo Hombres (CC20), por lo que consideró irregular cualquier cambio en el destino del traslado.
"Eso es para que ustedes vean cómo comienzan a irrespetar los derechos de estas personas", afirmó.
Indicó que desconoce quién habría tomado la decisión de variar el centro de reclusión.
"No sabíamos qué mano intervino, quién tomó la decisión, si fue Roberto Santana, si fue el procurador Camacho o si fue el juez", sostuvo.
La misma medida fue impuesta contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, dentro del proceso declarado de tramitación compleja, mientras avanzan las investigaciones del caso.
En cuanto a otras medidas, Heidi Mariela Pineda, y Cinty Acosta, deberán pagar un millón de pesos por cada compañía aseguradora, además de cumplir prisión domiciliaria e impedimento de salida del país. Medida similar fue impuesta a Eduardo Read Estrella, a quien también se le incautaron varios inmuebles, junto al impedimento de salida.
El juez fijó la revisión obligatoria para el 11 de marzo.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
