Una de las metas más retadoras a que se enfrenta la economía dominicana es cómo reducir la eleva informalidad laboral cuyo impacto tiene efectos transversales, pues, por un lado, frena el desarrollo de los emprendimientos empresariales, incide negativamente en la movilidad social de amplios segmentos de la población, e impacta en las condiciones de vida de miles de personas.
Un estudio de hace unos años divulgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea que la informalidad es uno de los mayores obstáculos al desarrollo a los que se enfrenta la República Dominicana.
Entre varios aspectos negativos, la OCDE señala que “el empleo informal erosiona la recaudación de impuestos, socava el crecimiento de la productividad y deja a una gran proporción de la fuerza de trabajo en situación de vulnerabilidad debido a la falta de protección social”.
Por su lado, un estudio reciente elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes señala que alrededor del 55% de las personas ocupadas en la República Dominicana trabajan en condiciones de informalidad, lo que limita su acceso su acceso a la protección social y su acceso a oportunidades de crecimiento.
El análisis destaca algo que resulta muy preocupante, pues evidencia que la informalidad se ha constituido en un problema estructural, pues la falta de contratos laborales formales se ha mantenido oscilando entre el 55 y el 57% en la última década.
“Esta realidad implica que la economía dominicana sí genera empleo, pero una proporción significativa de esos empleos se produce en condiciones informales, con niveles reducidos de productividad y menor estabilidad laboral. Comprender las causas estructurales de la informalidad y promover procesos sostenidos de formalización empresarial se ha convertido, por tanto, en una prioridad para la política económica del país”, enfatiza el estudio.
Frente a esta situación, el actual ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, se ha planteado la tarea de enfrentar la informalidad laboral mediante la implementación de políticas públicas que impacten en la solución de este problema.
La aplicación de mecanismos de reducción de burocracia y la creación de vías factibles para incentivar la formalización, educación financiera, fortalecimiento de la capacidad productiva de las pequeñas empresas, entre otras acciones, que están llamadas a tener un gran impacto en la disminución de la informalidad.
