En la República Dominicana, la seguridad ciudadana atraviesa una crisis que va más allá de la delincuencia común. Cada vez con mayor frecuencia, los titulares y las conversaciones cotidianas reflejan un preocupante incremento de abusos por parte de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población: agentes policiales y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Lo ocurrido recientemente en el municipio de Cabrera —un altercado entre un agente de la policía y un ciudadano— no es un hecho aislado. Por el contrario, se ha convertido en un reflejo de una práctica que parece normalizarse en distintos puntos del país. La represión, el uso desmedido de la fuerza y la falta de protocolos claros en la interacción con civiles son señales de un sistema que, lejos de corregirse, parece enquistarse.
Paradójicamente, el lema de la Policía Nacional es “Proteger y Servir”. Sin embargo, la realidad que vive gran parte de la ciudadanía dista mucho de ese ideal. Más preocupante aún es que los esfuerzos del gobierno por reformar y fortalecer esta institución parecen diluirse frente a prácticas arraigadas que no han sido erradicadas. Sin cambios estructurales y una supervisión efectiva, cualquier intento de modernización corre el riesgo de quedarse en simples declaraciones.
Resulta inevitable mirar hacia atrás y recordar los años de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, períodos marcados por una represión sistemática que dejó cicatrices profundas, especialmente en la juventud. Aquellas prácticas, que se suponían superadas en una sociedad democrática, hoy resurgen con inquietante familiaridad. La historia, que debería servir como lección, parece repetirse como advertencia ignorada.
Lo más alarmante no es solo la recurrencia de estos abusos, sino la aparente indiferencia institucional. Ni la jefatura de la Policía ni el Ministerio de Interior y Policía han logrado implementar medidas contundentes que frenen esta conducta. La falta de consecuencias claras envía un mensaje peligroso: que el abuso puede quedar impune.
Mientras tanto, el ciudadano común —el trabajador, el que apuesta por el orden y la convivencia— queda atrapado en una paradoja dolorosa. Se le pide cumplir la ley, pero no siempre se le garantiza protección. Se le aconseja recogerse temprano, evitar las calles, ceder espacios que deberían ser públicos. Como si la noche, símbolo de libertad y vida urbana, estuviera reservada únicamente para quienes operan fuera de la ley.
Una sociedad que teme a sus autoridades está destinada a fracturarse. La confianza, elemento esencial para cualquier sistema democrático, se erosiona con cada abuso no sancionado. Recuperarla requiere más que discursos: exige reformas reales, supervisión efectiva y, sobre todo, voluntad política.
