SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebró este lunes que sus compañeros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se les haya reconocido en sede judicial lo que durante años sostuvo que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.
“Este reconocimiento judicial constituye también una reivindicación moral para quienes durante años fueron sometidos a impedimentos de salida del país bajo alertas migratorias ilegales, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas, serias afectaciones de salud y un profundo sufrimiento personal y familiar”.
Expresaron además que “el PLD extiende igualmente esta reflexión a todos los compañeros que han sido descargados por los tribunales después de años de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposición pública. La justicia no solo debe sancionar cuando corresponde; también debe reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes”.
Sin embargo, indicaron además que “más allá de los casos particulares, las recientes decisiones judiciales obligan al país a reflexionar sobre una cuestión de fondo: el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia”.
Resaltaron además que la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusación no equivale a una condena. Corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas válidas y suficientes. La presunción de inocencia no constituye un privilegio; es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o de la posición que ocupen en la sociedad.
Resaltaron además que “resulta preocupante la tendencia a convertir investigaciones judiciales en espectáculos mediáticos. La justicia debe administrarse en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto irrestricto al debido proceso”.
“En una democracia madura, tan importante como sancionar a los culpables es proteger a los inocentes. Cuando una persona es sometida durante años al escarnio público y posteriormente los tribunales concluyen que las pruebas no son suficientes para sostener las acusaciones, el daño ocasionado a su reputación, a su familia y a su trayectoria difícilmente puede ser reparado”, acotó.
“Más allá de las diferencias partidarias, la sociedad dominicana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos. La confianza en las instituciones exige que cualquier actuación estatal se encuentre sustentada exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones de naturaleza política”, extendió el dirigente peledeísta.
Durante una rueda de prensa, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, sostuvo que la democracia dominicana debe edificarse sobre la fortaleza de sus instituciones y el respeto a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Ningún dominicano debe ser objeto de sanciones, restricciones o medidas que respondan a motivaciones políticas disfrazadas de procedimientos administrativos o judiciales.
Propuso, entre otros puntos, que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca más:
• La justicia sea utilizada como instrumento de competencia política.
• Las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales.
• La filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.
• La prisión preventiva sea utilizada como castigo antes de una sentencia.
• Los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente más allá de los límites razonables establecidos por la ley.
• Se vulneren la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.
MP apelará decisión
El sábado el Ministerio Público informó que apelará el auto de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en favor de los ex ministros de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 3 personas de los 40 que acusó de conformar una supuesta red que estafó al Estado por más de 19,000 millones de pesos, según la acusación de la operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo en una nota que «los 40 procesados deben ir a juicio».
