El orden institucional, marcado por la democracia representativa que impera en República Dominicana debe seguir su curso sin que los principales dirigentes políticos del país lo distorsionen. Y que nadie caiga en lo ignoto por lo que expongo en las primeras líneas de este artículo.

Me refiero a la necesidad de los partidos políticos -en especial las organizaciones mayoritarias- de no violentar los cánones legales que reglamenta la Junta Central Electoral (JCE).

Es lo referente a los procesos preelectorales que discurren con ocasión de las próximas elecciones (presidenciales y municipales) pautadas para celebrarse en febrero y mayo del año 2028.

Importante recordar la siguiente publicación reseñada en la prensa recientemente: “Desde que culminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader decidió que no buscaría modificar la Constitución para optar por un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo, las actividades y declaraciones proselitistas comenzaron a dominar el escenario político.

A pesar de que no es hasta el primer domingo de julio del próximo año que la ley 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dispone el inicio de la precampaña electoral y la habilitación de actividades proselitistas, los dirigentes oficialistas y opositores han dominado los escaparates públicos mediante la constante violación a lo que certifica la legislación”.

En ese mismo contexto, que no se olviden estas otras declaraciones: “La JCE ha hecho varias advertencias e intimaciones en búsqueda de frenar el proselitismo a destiempo, las cuales no han tenido resultados ni han podido detener las constantes violaciones a la ley”.

El jurista Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, ha sido reiterativo -y con alta decencia- respecto a su llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que no sigan “adelantándose” al proselitismo. ¡Que no sigan alimentando el proselitismo a destiempo! No obstante, -es lo que más importa para beneficio de la solidez de la democracia dominicana-, el órgano colegial, en su interés por organizar unas elecciones en orden, seguirá con su ardua labor.

Se trata de un trabajo eficiente, reconocido por todos los segmentos de nuestra sociedad. El propósito de la JCE, tras el montaje de un limpio torneo electoral en los renglones municipal y presidencial, es que el país quede tranquilo, sin traumas que lamentar.

Como lo indica la lógica política, en las esperadas elecciones habrá ganadores y perdedores. Pero gracias al eficiente trabajo de la JCE, al final la feliz ganadora será la democracia. Que ningún amargado perdedor intente entorpecer la tranquilidad democrática del país.

Mientras tanto, el pueblo dominicano -que irá a las urnas- estará al acecho. ¡Y castigará, sin contemplación, a los irreverentes!