Como punto inicial para cualquier análisis tenemos que partir del hecho concreto de que la Policía Nacional, como un organismo estatal que monopoliza el uso de la fuerza, está en la obligación de preservar la integridad física de todas las personas objeto de persecución por la presunta comisión de un delito.

Es lo que se impone en un Estado social y democrático de derecho como es la República Dominicana, donde ni siquiera mediante la aplicación de la ley está permitida la pena de muerte.

En esto estamos más que claros. Sin embargo, cuando la criminalidad se desborda; cuando no funcionan los métodos persuasivos; cuando los antisociales se proponen plantar cara a las autoridades, la Policía Nacional se ve ante un grave dilema.

Por un lado, se encuentra con el reclamo de la ciudadanía que se ve asfixiada por las acciones de los delincuentes y pide que el cuerpo policial dé respuesta a una situación que genera una gran incertidumbre.

Solo quienes hemos sido víctimas de delincuentes—directamente o por agresiones a familiares nuestros—sabemos de la impotencia que se apodera de uno cuando se pasa por semejante trance.

Y por el otro lado, la institución tiene que afrontar las críticas—la mayoría de buena fe, pero una parte con intenciones maliciosas—cuando su respuesta a la delincuencia desborda lo que se considera políticamente correcto.

Es decir, los llamados intercambios de disparos le producen a la Policía Nacional un ambiente gris que acaba por minar su imagen ante la sociedad legalista.

Creo que no deberían existir posiciones dubitativas cuando se pone en la balanza la seguridad de 11 millones de dominicanos y los millones de turistas que nos visitan, frente a unos cuantos delincuentes cuyo accionar se circunscribe a una vida de antisociales irrecuperables.

La autoridad tiene que preservar la tranquilidad ciudadana apelando a la famosa ley de la necesidad del romano Tito Livio, que, en el caso particular de la situación dominicana, se contrae a la obligación que tiene el Estado de apelar incluso a ciertos extremos para preservar el derecho de la mayoría.

La seguridad ciudadana, definida así como concepto medio abstracto, se fundamenta en la obligación que tiene la Policía de garantizar todos que los dominicanos podamos transitar tranquilos por las calles o dormir sin sobresaltos. Lo demás es parafernalia ruidosa.