Y solo tres organizaciones han recibido RD$ 9,234,613,589.53, el 80.88% de esos fondos: el Revolucionario Dominicano (PRD), el de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Han sido 11 mil millones de pesos, en 19 años, repartidos entre 50 partidos políticos.

El dinero recibido en estos años es más que el presupuesto de 2016 de los ministerios de Deportes, Industria y Comercio, Mujer, Cultura, Juventud, Administración Pública y Energía y Minas, que para el presente año les fueron asignados RD$11,107,007,051.

Todo ese dinero ha sido entregado en un esquema de baja supervisión, donde el único requerimiento que se les hace a las agrupaciones políticas es que entreguen un informe de sus gastos e ingresos, pero sin llamamientos a correcciones reales o penalidades por el mal uso que hagan del dinero.

Solo en caso de que los partidos políticos no entreguen esos informes suele haber una penalidad: la retención de los nuevos fondos a entregar, liberados contra el depósito del documento informativo.

El financiamiento a los partidos políticos está atado al 0.5% de los ingresos nacionales en años electorales, y al 0.25% en años no electivos, amparado en la Ley Electoral 275-97.

La cifra entregada a las organizaciones políticas se ha multiplicado por 66 desde la primera partida concedida en 1998, y ha tenido un promedio anual de RD$634,164,611.5.

Estos son los únicos datos públicos que presenta el sistema de partidos políticos sobre su financiamiento, con la incógnita agravada de las contribuciones del sector empresarial y de particulares, que se mantienen sin regulación alguna en República Dominicana.

Los únicos datos públicos del dinero privado que ha sido donado a los partidos son del período 2012-2015, cuando las organizaciones reportaron a la Junta Central Electoral (JCE) haber recibido RD$463,468,477.

En los aportes que llegan desde el sector privado se muestra la misma tendencia: favorecidos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en segundo lugar, el Revolucionario Moderno (PRM), de reciente creación y organización que le disputó el poder en el proceso pasado a los morados.

Cuando se confrontan los datos económicos de todas las agrupaciones políticas se entiende la idea de inequidad en el financiamiento público de la que suelen hablar los considerados como partidos minoritarios o emergentes, que en ningún caso superan el dos por ciento de los fondos del Estado entregados al sistema político, y tienen que enfrentarse (o aliarse) históricamente a tres partidos que han concentrado 80.88% del dinero público dado por el Estado.

El pico de la contribución del Estado a los partidos políticos se produjo en el presente año con 1,610 millones de pesos, un monto que triplica los fondos manejados en 2016 por el ministerio de la Mujer en plena crisis por la violencia machista.

La idea de financiar a los partidos políticos se materializó en ley para evitar las supuestas donaciones del narcotráfico o del crimen organizado, pero también para disminuir el nivel de dependencia económica de las organizaciones con el sector empresarial, del que informalmente se dice que pasa factura una vez instalados gobiernos, alcaldías y legisladores, para ser beneficiados con obras de construcción o leyes de su interés o para su beneficio.

Hasta hoy los partidos políticos entregan a la Junta Central Electoral (JCE) esos documentos con sus ingresos y gastos (la ley habla de la Contraloría General de la República), preparados sin uniformidad entre las agrupaciones políticas. Con ausencias notables de detalles sobre cómo usaron esos recursos que suelen reportar como “gastos de campaña electoral”.

La institución electoral entonces pide a la Cámara de Cuentas auditar los estados financieros de las organizaciones, que luego les da un informe a las agrupaciones sobre las cuestiones a mejorar.

Para tener una idea de la celeridad y uniformidad con que trabaja la Cámara de Cuentas sirve precisar que la auditoría más reciente, y la única disponible, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es de 2008. Caso contrario lo presenta el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que se han presentado tres procesos de auditorías, 2008, 2012 y 2013-2014.

Una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) obliga a que los partidos gasten 20% de sus fondos en capacitación política durante los años electorales, 50% para el desarrollo de sus campañas electorales y el restante 30% en el desenvolvimiento o vida institucional de las organizaciones.

Cuando se trate de años no electorales los porcentajes son de 35% para elecciones internas; 20 por ciento destinado a la capacitación y formación política y el restante 45% en su desenvolvimiento o vida institucional.

Pero nadie en la administración del Estado se encarga de darle seguimiento y verificar su cumplimiento.

VOTOS. LEGISLACIÓN.
APORTES PRIVADOS.
Se podría decir que cada voto emitido desde la primera entrega de fondos públicos a las organizaciones ha tenido un costo de 371.47 pesos, al margen de este resultado del dinero que aporta el Estado para la administración y el montaje de las elecciones.

La legislación electoral dominicana ordena entregar al Estado 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones a los partidos políticos, y 0.25% en los años no electorales. El 80% de los millones que resultan de ese cálculo es entregado a los partidos mayoritarios, considerados así por haber obtenido más del 5% de los votos válidos emitidos en la más reciente elección. El 20% restante se reparte entre las agrupaciones minoritarias.

El financiamiento privado en las campañas electorales dominicanas no está regulado y se permite la donación de recursos económicos sin la obligatoriedad de rendir informes de dónde provienen esos fondos, quién los entrega o las empresas que deciden aportar.

Varios proyectos de ley para normar el funcionamiento del sistema de partidos políticos han incluido la obligatoriedad de revelar las fuentes de ingresos privadas, y también han intentado poner límites a la contratación y uso de los medios de comunicación en tiempos de campaña electoral.

Antes de la entrada en vigencia de subvención a las organizaciones políticas el Estado les hacía exoneraciones discrecionales, que motivaron la queja de algunos partidos políticos. La legislación electoral que incluyó el reparto de fondos públicos ha sido cambiada solo una vez sobre este tema: para beneficiar al PRSC, que al descender estrepitosamente en su caudal de votos, llegó a recibir para el 2005, año no electoral, RD$24,707,715.84, cuando el PLD y el PRD recibieron RD$148,813,403.04 y RD$93,116,697.24.