Julio R. Cordero

Nadie tiene dudas de que el próximo 16 de agosto se inaugurará el segundo mandato del presidente Danilo Medina, y de que en esa misma fecha se posesionará un nuevo Congreso que seguirá siendo dominado por el PLD, con la diferencia de que ahora tendrá mayoría absoluta.

En cuanto al sector municipal, excepto por el entusiasmo que trae David Collado como nuevo Alcalde de Santo Domingo, las cosas se limitarán a simples canjes de nombre y a que la Cámara de Cuentas y el PEPCO llamen a declarar a uno que otro funcionario municipal sin ninguna consecuencia importante.

Pero lo que también sí es seguro es que quedará en entredicho la credibilidad de la actual Junta Central Electoral, y no solamente por la “falta de integridad”, como lo expresó Zobatto, o “la debilidad en el desarrollo de la democracia”, señalada por la Internacional Socialista Juvenil, ni por el cuestionamiento de la OEA al hablar del “desorden y la incertidumbre” en referencia al pasado proceso.

La falta de credibilidad termina por comprometer la legitimidad del nuevo gobierno así como la composición de los dos poderes restantes, y por eso hay que hacer un esfuerzo para que todo quede claro.  Y deberían ser la propia Junta Central Electoral y el mismo Presidente Danilo Medina quienes propicien esa aclaración.

La credibilidad de la empresa española INDRA, una organización con parte de su capital  proveniente de fondos públicos que resultó ganadora de la licitación para suplir los equipos electrónicos que contarían los votos y trasmitirían los resultados, también quedó comprometida al permitir que sus dispositivos se instalaran  a la carrera, sin previa auditoría ni la garantía de un correcto funcionamiento.

Además, debemos recordar la obvia complicidad de esta empresa ante el fracaso de las dos pruebas que se hicieron antes de las elecciones.

La solución a la falta de transparencia y, consecuentemente, a la credibilidad del proceso electoral, tiene una muy simple y barata solución, que tanto INDRA como la JCE bien conocen: buscar un laboratorio informático forense, avalado por organismos internacionales, que junto con los técnicos de dicha empresa realice la simulación de una parte de las elecciones utilizando los mismos elementos y dispositivos, para determinar si había mandatos secretos ocultos que pudieran alterar el algoritmo LINUX.

Si no se hace ese procedimiento no quedará ninguna duda de que, ciertamente, existieron elementos viciados, y que se tiene el firme propósito de ocultarlos. Y si ante esta situación todos nos quedamos de brazos cruzados, en el 2020 estaremos envueltos en esta misma discusión, pues, si hay algo evidente es que al PLD no le importa exhibir su falta de ética.