NUEVA YORK.- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en los Estados Unidos ha sometido una norma a comentarios que busca que solo ciudadanos estadounidenses ocupen espacios de vivienda pública o subsidiada.

El HUD es responsable de los programas enfocados en las necesidades de vivienda de la nación. Con la disposición, decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, se verán afectados en el territorio estadouniden.

Se prohibiría a inmigrantes sin estatus legal residir en estructuras de este tipo. Se les requeriría a las personas presentar prueba de ciudadanía, estatus legal o estatus elegible, independientemente de la edad.

Con la medida, se garantizará que los beneficios de vivienda financiados por los contribuyentes solo lleguen a ciudadanos estadounidenses y personas elegibles.

“Hay cientos de miles de familias estadounidenses en listas de espera para obtener una vivienda en todo el país”. Es fundamental que prioricemos nuestros recursos limitados únicamente a las familias que cumplen con los requisitos”, expuso la agencia federal.

“La verificación del estatus migratorio de la persona puede realizarse mediante la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE), un servicio en línea administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) dentro del DHS”.

El presidente Donald Trump firmó, el 19 de febrero, la orden ejecutiva 14218, titulada “Poner fin a las subvenciones de los contribuyentes a las fronteras abiertas”, para instruir a los jefes de agencias a mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad, garantizando que los beneficios financiados por los contribuyentes excluyan a cualquier extranjero no elegible.

El HUD lanzó la línea directa para denunciar delitos (1-800-347-3735) para que las personas alerten sobre migrantes indocumentados y actividades delictivas en viviendas financiadas por la agencia federal.

La Administración Trump ordenó la verificación de ciudadanía a unos 200,000 inquilinos de viviendas financiadas por HUD.

La iniciativa “Limpieza general” (“Cleaning House”) se realizará tras una auditoría encabezada por la agencia y el DHS. Los hallazgos arrojaron que casi 200,000 inquilinos requerían verificación de elegibilidad, que otros 25,000 habían fallecido y que casi 6,000 no eran elegibles por no ser ciudadanos estadounidenses.