Eduardo Jorge Prats
Uno de los signos más alentadores del panorama político dominicano es el paulatino pero creciente consenso nacional en contra de las políticas populistas y a favor del fortalecimiento y consolidación de un sistema capitalista basado en sus dos pilares claves: los derechos de la propiedad y la libertad de empresa, esta última con sus dos corolarios fundamentales, la libre competencia y la libertad de contratación. Muestra paradigmática de este estado de ánimo nacional, muy lejano de las peligrosas tentaciones populistas que pululan por nuestra América y el Viejo Mundo, es la reciente posición adoptada por Fidelio Despradel.
Despradel, un importante dirigente de nuestra izquierda y de trayectoria y aportes incuestionables, en relación a la controversia surgida alrededor de la conformación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA) -y al margen de que se esté de acuerdo o no con sus planteamientos concretos respecto a los niveles de concentración empresarial en diversos sectores económicos y a las razones de que no se haya designado un Director Ejecutivo al frente de dicha institución-, hizo la mejor defensa que conozcamos haya hecho político dominicano en nuestra historia republicana de los valores del capitalismo, del libre mercado y de la competencia, resaltando que la Constitución de la República no solo prohíbe los monopolios y el abuso de posición dominante, sino que también garantiza el derecho que tienen los actores económicos a una competencia libre y leal, lo cual es garantía, por demás, de los derechos de la población consumidora.
Lo que queda claro de la posición de Despradel es que la legalidad sufre no solo a consecuencia de los gobernantes sino como fruto del poder no domesticado jurídicamente de los poderes privados del mercado. Como bien señalaban los juristas alemanes Otto Kirchheimer y Franz Neumann en 1944, la legalidad puede ser erosionada como consecuencia del funcionamiento desbocado de un capitalismo de carteles y monopolios, de lo que hoy llamaríamos un “capitalismo salvaje”, un “capitalismo de amiguetes”.
Domesticar jurídicamente este capitalismo estructuralmente distorsionado es hacer realidad el capitalismo competitivo y socialmente comprometido, es decir, la economía social de mercado que quiere y manda el Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado en el artículo 7 de la Constitución. Parafraseando la famosa frase de Juan Bosch, de lo que se trata es de llevar el capitalismo dominicano a su propia legalidad.
Por eso, en el fondo, guardando las distancias, puede afirmarse que hoy, al igual que en el siglo XVII, en la República Dominicana, como bien nos explica Pedro Mir en su ensayo “El gran incendio: los balbuceos americanos del capitalismo mundial”, la verdadera revolución sigue siendo la revolución capitalista. No es exceso de capitalismo lo que tenemos: en realidad, lo que requerimos es más propietarios y menos proletarios. Y he aquí un dato fundamental de la idiosincrasia del dominicano y que es lo que explica el éxito de la diáspora criolla: el espíritu emprendedor, que forma parte de nuestra naiboa, de nuestro disco duro, de nuestro código genético, de nuestro sistema operativo, germina allí donde encuentra un entorno de libertad, de competitividad, de seguridad jurídica, de certidumbre institucional, de reglas de juego claras y de fomento a la educación y la innovación.
¿Cuáles son los ámbitos de esta revolución capitalista pendiente e inminente? Una lista meramente enunciativa comprendería lo siguiente: (i) garantizar el acceso a la propiedad inmobiliaria de miles de dominicanos que no pueden acceder al crédito bancario; (ii) transformar las asociaciones de ahorros y préstamos en sociedades comerciales por acciones, lo que fomenta el capitalismo popular en la medida en que, preservando sus depósitos, los depositantes añaden a sus activos personales su participación accionaria en las asociaciones, lo que crea ipso facto una masa de cientos de miles de accionistas, tributando automáticamente al Estado; (iii) promover la competencia en todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte de cargas y de pasajeros, que en la actualidad es controlado por empresas disfrazadas de sindicatos y coaligadas en cartel, al tiempo de investigar cuidadosamente y sancionar severamente las practicas anti competitivas en todos los sectores económicos; (iv) crear asociaciones público-privadas para los servicios públicos y las grandes infraestructuras, en el marco de un Estado garante, es decir, un Estado que propicia las condiciones para la participación de los agentes económicos privados en los servicios públicos y la economía nacional y que dedica sus limitados recursos para atender las necesidades básicas de los sectores más carenciados y para llevar a cabo su tarea irrenunciable de regulación de los sectores económicos estratégicos a través de organismos reguladores independientes y despolitizados; y (v) efectuar una reforma tributaria integral que -haciendo caso omiso a algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que siempre señalan que el PLD, en lugar de “seguir gobernando para hacer más ricos a los de la pirámide empresarial”, debe aumentar al máximo la presión tributaria-, se enfoque en: (a) la gestión tributaria –que la designación de Magín Díaz al frente de la Dirección General de Impuestos Internos y de Enrique Ramírez en la Dirección General de Aduanas es un buen augurio de que ese es el buen camino al que nos conduce diestramente el presidente Danilo Medina-, (b) la reducción de las tasas impositivas -principalmente la del ITBIS que podría descender por debajo de 10%, expandiendo su base impositiva para que incluya todos los bienes y servicios- y (c) la racionalización de exenciones y subsidios, siendo un primer paso la valiente y correcta decisión del presidente Medina de eliminar el subsidio al transporte. [No tan] paradójicamente solo un “Estado fuerte”, es decir, institucionalizado, puede emprender y sostener las reformas necesarias para una economía libre. Pero eso es tema de una próxima columna…
