Santo Domingo.- El traslado a las cárceles de Najayo y La Victoria de los 8 imputados en el escándalo de corrupción de Odebrecht no ha podido ejecutarse debido a que la Fiscalía del Distrito Nacional no ha sido notificada de la resolución de la medida de coerción emitida ayer por el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco.
En la Fiscalía se ha informado que no disponen de la decisión para proceder a remitir a la penitenciaría de La Victoria al imputado Ángel Rondón, así como a Najayo a Víctor Díaz Rúa, Conrrado Pitaluga, Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez y Máximo De Óleo.
Tampoco se ha podido disponer el arresto domiciliario a favor de Radhamés Segura y Roberto Rodríguez.
Al grupo se le imputa cargos por soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
Mientras tanto un contingente policial aguarda en la parte trasera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para proceder a realizar los traslados.
Aunque fueron colocadas las planchas metálicas en todo el perímetro de Najayo Hombres, por las rejas se observan los trabajos de limpieza y remoción de escombros de los techos de las celdas.
Se recuerda que en este mismo penal fueron enviados los sindicalistas y empresarios del transporte colectivo y ex funcionarios implicados en la estafa contra el Estado por más de 1,800 millones de pesos a través del Plan de Renovación Vehicular (Plan Renove).
Asimismo, Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y Noe María Camacho Ovalles, por el expediente relativo a una presunta estafa por RD$1,438 millones cometidas en el manejo de los programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) y de Acción Barrial (PRODABA). (Diario Libre)
