Santo Domingo.- La Marcha Verde presentó hoy un estudio técnico en el que, según afirma, se demuestra que durante los mandatos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el Gobierno y el Congreso Nacional violaron o permitieron la violación de la Constitución de la República y el resto del marco jurídico nacional para favorecer los contratos multimillonarios de la empresa Odebrecht en el país.
Detalla que la investigación, realizada desde el 2001 hasta 2016, confirma que el Gobierno ha violado sistemáticamente, con la anuencia del Congreso Nacional, las leyes de Presupuesto General del Estado, la Constitución de la República y las leyes de administración financiera para aprobar y ejecutar las obras de la multinacional brasileña.
En el documento se explica que, desde el 2002 al 2016, el Poder Legislativo aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de US$1,899 millones de dólares, que representa el 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para la Planta de Punta Catalina.
“Al incluir el financiamiento aprobado para Punta Catalina la deuda contraída con intervención de Odebrecht se eleva a US$3,132 millones de dólares, equivalente al 4.4% del PIB y una participación del 11.7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016”, asegura la Marcha Verde.
En una comunicación de prensa, el movimiento que sostiene una lucha contra la impunidad en el país sostiene que la forma como los gobiernos de Mejía, Fernández y Medina han ejecutado las obras contratadas con la Constructora Norberto Odebrecht y sus asociados dominicanos es “una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos”.
Bichara, Lizardo, Bengoa y Lucía Medina
La Marcha Verde agrega que la investigación destaca que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la justicia, por lo que el Ministerio Público tiene pendiente aclarar o resolver omisiones que involucran al exministro de Hacienda Vicente Bengoa, a la senadora Cristina Lizardo, a Simón Lizardo, al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, y a la presidente de la Cámara de Diputados Lucía Medina.
La Marcha Verde hizo una relación de los supuestos responsables de los contratos que ya han sido encartados en la acusación y los que están pendientes de investigar:
2000-2004: Roberto Rodríguez, director Ejecutivo de INAPA, ejecutor del inicio del proyecto de Acueducto de la Línea Noroeste; Ing. César Sánchez, Vicepresidente CDEEE, inició el contrato del proyecto de Pinalito, pero no se comenzó su ejecución; Máximo D’Oleo, director de EGEHID; Rafael Porfirio Calderón Martínez, secretario técnico de la Presidencia, ostentó la representación para la firma de acuerdo de préstamo.
2004-2012: Víctor Díaz Rúa, en INAPA y MOPC; Radhamés Segura, vicepresidente de CDEEE, responsable en Pinalito y Palomino; Juan Temístocles Montás, como secretario Técnico de la Presidencia; Vicente Bengoa Albizu, como Secretario de Hacienda; Daniel Toribio, como secretario de Hacienda; responsables de las firmas de varios contratos de préstamos por designaciones mediante Poder Especial del presidente Leonel Fernández Reyna.
2012-2016: Gonzalo Castillo, ministro del MOPC, responsable varias obras viales; Rubén Bichara, vicepresidente CDEEE, Punta Catalina; Simón Lizardo Mézquita, en su calidad de representante en firmas de contratos, como ministro de Hacienda.
El movimiento concluye su comunicación de prensa al citar un préstamo por US$80,200,000 dólares, el que considera “llama la atención” y en el que interviniera el presidente Danilo Medina, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, quien suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el contrato de compromiso de la deuda, así como Cristina Lizardo Mézquita, vicepresidenta del Senado en funciones de presidente, y Lucía Medina Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados en funciones de presidente.
El citado préstamo se sometió al Congreso Nacional en el 2013 para financiar en parte la ejecución del “Programa de Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial del Este”, en específico para los tramos carreteros San Pedro de Macorís-La Romana, tramo circunvalación de La Romana y tramo Boulevard Turístico del Este. (Diario Libre)
