Santo Domingo.- Legisladores del Gobierno y de la oposición advirtieron hoy sobre el peligro de aprobar en el proyecto de presupuesto correspondiente al 2019 el artículo 59, que atribuye al presidente de la República facultades para vender bienes del Estado equivalentes al 10 por ciento de la deuda externa del país.

El senador y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó que esa organización rechaza el contenido de ese artículo, porque desnaturaliza las funciones del Congreso Nacional.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, aseguró que cualquier artículo que le quite facultad al Congreso Nacional para enajenar los bienes del Estado es ilegal.

Paliza y Maldonado reaccionaron ante la advertencia del presidente del partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Eduardo Estrella, de que la aprobación de ese artículo “sería catastrófico para la democracia y el futuro económico de República Dominicana”.

Paliza, senador por Puerto Plata, manifestó que no es la primera vez que en el marco de discusiones de propuestas legislativas provenientes del Poder Ejecutivo se conocen articulados como éste que presuponen la intención es vender activos gubernamentales sin darle cuenta a nadie.

Insistió en que ese artículo viola la finalidad y espíritu del Congreso Nacional, que es de servir de contrapeso y de balance a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

“Ningún bien del Estado puede venderse si no tiene la aprobación del Congreso Nacional”, manifestó Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, quien consideró que los legisladores deben detenerse a analizar detenidamente el alcance del artículo en cuestión.

“Solo el Congreso puede autorizar las ventas que haga el Poder Ejecutivo”, insistió el legislador del partido del oficialismo.

Eduardo Estrella consideró que “siendo los gobiernos del PLD los que más han endeudado el país en toda su historia, darle luz verde en estos momentos para que incremente dicha deuda, sería como hipotecarle el país, a las futuras generaciones, que de por sí, ya deben en nombre del Estado dominicano.

En un documento, indicó que el artículo 59 faculta al jefe del Estado para, en un período de 30 días, usar el dinero de dicha transacción para ser distribuido a otras instancias de la administración pública, sin informarle al Poder Legislativo, en violación de los artículos 4 y 93 de la Constitución de la República. (El Caribe)