Ahora falta saber (¡y que se diga pronto!): ¿Quién resarcirá los daños materiales de la inmensa tragedia colectiva? ¿Quién costeará la reparación de cientos de viviendas, escuelas, negocios y servicios públicos dañados por este imperdonable acto de irresponsabilidad? ¿Quién cubrirá los daños y perjuicios permanentes a los familiares de los muertos, desaparecidos, mutilados y heridos? ¿Responderá alguien ante un juez por el descuido, la indolencia y el desprecio a las normas de seguridad industrial, causas fundamentales de la traumática, costosísima e imperdonable ocurrencia? Última pregunta: ¿Pagaremos todo esto los contribuyentes?