En el ambiente empresarial se mueve la preocupación sobre las posibles implicaciones que se pudieran derivar de la contratación de una compañía seriamente me cuestionada a nivel internacional para llevar a cabo la trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos de producción nacional.

Al efecto, diversos mecanismos de verificación de solvencia moral y transparencia han advertido al Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) y la Dirección General de Impuestos Internos sobre la eventualidad de que la empresa suiza SICPA o alguna de sus subsidiarias tomara parte de ese proceso mediante el cual la DGII dictará de mecanismos de control modernos y eficaces para la trazabilidad.

La preocupación surge como resultado de los serios cuestionamientos e implicación judicial en que se encuentra dicha empresa en Brasil, donde le fueron abiertos varios procesos por sobornos y otros supuestos delitos, y donde un ex alto ejecutivo está siendo enjuiciado con acusaciones penales.

Las imputaciones están relacionadas con un alegado pago de sobornos para lograr contratos jugosos con el Gobierno brasileño a través de la Casa de Moneda, un expediente que ha sido aireado en varios periódicos de Brasil, Suiza y Estados Unidos.

Se supone que estas publicaciones y el origen de las mismas son del conocimiento de quienes tienen a su cargo la licitación que el PNUD y la DGII abrieron en noviembre pasado, destinada a la contratación del citado servicio.

En su momento, la empresa ha alegado que no ha cometido delito alguno en Brasil y que está coordinando con la justicia del país sudamericano para esclarecer los cuestionamientos.

Sin embargo, no bien había hecho las alegaciones cuando ya en Chile estaba bajo el ojo público por supuestamente haber pagado sobornos para obtener un contrato con el Servicio de Impuestos Internos (SII) chileno, justamente para la implementación de la trazabilidad fiscal en aquel país.

También en el Ecuador se levantó un manto de duda sobre la fiabilidad y transparencia con que SICPA obtuvo un contrato para los mismos fines del brasileño, el chileno y el que se busca poner en vigencia en la República Dominicana.

Hablé con varios técnicos que manejan estos temas de alta tecnología en materia de trazabilidad, y reconocen la necesidad que tiene la DGII de aplicar la tecnología que evite las duplicidades o falsificación de los mecanismos de control.

Es decir, que sin poner en cuestionamiento la capacidad técnica de la empresa suiza, el manto de sospechas que arrastra su periplo por América Latina debería alertar a las autoridades dominicanas en el sentido de evitarse otro caso Odebrecht en nuestro país, pues por coincidencia, el lodazal mundial que significan las prácticas corruptas de esa empresa de construcción se originó en Brasil.