El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sorprendió este lunes pasado al anunciar, tras su primera reunión en meses, que pedirá a la Junta Central Electoral (JCE) permitirle una especie de “primarias abiertas, pero cerradas”.

Es lo que se desprende de la decisión de embarcar a la JCE en la exclusión de los ciudadanos que pudieran figurar registrados en las listas de otros partidos, de modo que queden impedidos de votar en las primarias peledeístas, cuyo Comité Central aprobara el 26 de octubre del año pasado, en medio de unas expectativas que presagiaban tormentas.

Lo primero que debemos asumir es que luego de librarse una feroz batalla en el Congreso Nacional y a nivel de opinión pública para que se aprobaran las primarias abiertas, ahora no las quieren en el PLD.

En segundo lugar, la ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas establece las diferentes modalidades de primarias y en ninguna parte manda a que se segreguen militantes de las formaciones políticas.

En tercer lugar, llevar a cabo esa segregación implicaría coartar el derecho al voto que tienen todos los dominicanos mayores de 18 años que en tal condición se pueden sentir convocados al proceso peledeísta que se hará con el padrón general (léase bien, general) de la JCE.

Esto significa que a ningún dominicano en plenitud de sus facultades constitucionales se le podrá impedir votar en las primarias de la formación oficialista, aun figure en el padrón de otro partido, pues justamente el argumento fundamental de quienes se opusieron a la modalidad fue que los seguidores de otras fuerzas podían, eventualmente, interferir en las decisiones de una organización a la que no pertenecen.

Es decir, que antes de aprobarse la ley, los legisladores debieron prevenirse de otorgarle a la JCE el mandato expreso de llevar a cabo la separación de los militantes de los partidos, con lo cual el término de “primarias abiertas” habría carecido de todo sentido lógico.

Otro elemento a tomar en cuenta es que poco antes de aprobarse en el Comité Político la solicitud a la Junta, el presidente Danilo Medina había dicho—en la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura—que el padrón del PLD no sirve, por lo que mal pudiera la dirección peledeísta estar pensando en el uso de una lista inservible.

En conclusión, lo lógico fuera que el Pleno de la JCE rechaza esa solicitud por ir en contra del espíritu de la ley 33-18, pero dudo que lo haga. Y no lo hará por una razón que se resume en una sola, dura, terrible palabra: cobardía.