Las cárceles dominicanas, como en casi todos los países del Tercer Mundo, han constituido siempre lugares donde los privados de libertad, lejos de regenerarse y regresar a la sociedad convertidos en personas de bien, han encontrado en esos recintos lugares donde la perversión les convierte en peores ciudadanos.

De hecho, muchas de las reincidencias en que incurren ex prisioneros, se atribuyen a ese ambiente de degradación que prevalece en el sistema carcelario dominicano. Es por estas situaciones que debemos saludar todas las iniciativas tendentes a la mejoría de las condiciones de las cárceles, de suerte que quienes tienen la desgracia a ir a recalar en una prisión, puedan ser tratados como seres humanos y no como escorias o desechos sociales cuya suerte concluyó en esos espacios.

Recientemente el procurador general de la República, doctor Jean Alain Rodríguez, suscribió con la Organización de los Estados Americanos (OEA) un convenio por virtud del cual se busca fortalecer las acciones encaminadas a la prevención de la delincuencia en todos los sentidos, pero especialmente en la parte juvenil, una población vulnerable que aporta un porcentaje muy elevado al delito.

Durante una reciente visita a Estados Unidos, Rodríguez recibió elogios por la implementación del Plan Nacional de Humanización de las cárceles que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, un programa que está llamado a rendir frutos en la medida en que los privados de libertad sean tratados con todos los derechos humanos que merecen.

Durante años se ha considerado que las personas privadas de libertad, una vez ingresan a las prisiones, juntamente con la pérdida de los derechos civiles y políticos—derecho a elegir y ser elegibles para cargos públicos, por ejemplo—también pierden los derechos humanos, que incluyen el respeto a su integridad física, a ocupar un espacio digno, etc.

Es decir, que los justiciables—que somos todos los que aún vivimos—tenemos que abogar por un cambio de actitud hacia los presos, por lo cual merece todo el respaldo de la ciudadanía los programas de dignificación que implementa el Ministerio Público.
¿Y por qué debe ser así? Entre otras cosas por el deber frente a los recluidos, pero sobre todo por la necesidad de que la sociedad pueda estar tranquila de que esos reclusos volverán a integrarse con una conducta mejorada.

La sociedad no puede considerar que se desperdician recursos con el mejoramiento de los recintos penitenciarios que la Procuraduría ha venido implementando, sino todo lo contrario, lo que se puede ver en el corto plazo.

Para coronar exitosamente la lucha contra la delincuencia no se debe soslayar la parte penitenciaria. De ahí la importancia de estos programas e iniciativas de la Procuraduría.