En la República Dominicana hay dos alimentos cuyos precios tienen que ser fijados calculando el elevado componente político y la repercusión que tienen básicamente en los estratos económicos más bajos. Estos alimentos son el arroz y la leche.

Ahora mismo existe un escarceo entre ganaderos y pasteurizadoras a partir del reclamo de los dueños de vaquerías para que se les aumente el precio de la leche en finca, alegando que en las condiciones actuales registran pérdidas, lo cual no es cierto.

Y lo decimos a partir de la experiencia que nos recuerda las miles de veces que hemos escuchado los alegatos de que la ganadería de leche deja pérdida, pero no hemos visto—afortunadamente para la economía nacional—la quiebra de ningún gran ganadero.
Aspiran los productores a que el litro de leche que venden a las plantas que procesan ese alimento sea llevado a 30 pesos, lo que significaría un incremento automático para el consumidor final.

Conforme las proyecciones, de accederse a esa demanda, el consumidor terminaría pagando entre 80 y 90 pesos por un litro de leche, lo que significaría que la mayoría de la población se vería imposibilitada de adquirir ese alimento vital para niños y adultos mayores.

El consumo de leche de vaca resulta de alta prioridad en especial para niños en sus primeros años de vida cuando se requieren los nutrientes indispensables para un normal desarrollo corporal.

En consecuencia, las autoridades del sector deben actuar con cautela sirviendo de mediadores entre los ganaderos y las pasteurizadoras, pero sobre todo pensando en el interés de los consumidores que son la inmensa mayoría de la población dominicana.

Es obligación de las autoridades, en especial el Ministerio de Agricultura, garantizar que los dominicanos puedan consumir leche, sobre todo luego de que una parte de la población ha tenido que recurrir al consumo de cualquier porquería que le vendan con el nombre de leche, cuando se sabe que se trata de un compuesto de baja calidad nutricional.

Los dominicanos que componen los quintiles más bajos quedarían excluidos de la posibilidad de comprar un litro de leche, por lo que estarían condenados a seguir comprando esos productos que además de no representar garantía de nutrición, tampoco se tiene la certeza de que sean aptos para el consumo humano sin exposición a graves peligros de salud.

Consideramos que si el Gobierno estima justo el reclamo, se siente con los ganaderos a buscar una salida que no signifique incrementar el precio como reclaman ellos, tomando en cuenta que el deber del Estado es garantizar a la población el acceso a alimentos a precios razonables. Ahí debe entrar en juego la creatividad de los funcionarios.