Un cambio de Gobierno en la República Dominicana deviene en un verdadero trauma que se acentúa cuando el tránsito es de un partido a otro, como sucederá el próximo día 16.
Hay en ese sentido una historia que se remonta con sus matices propios a 1978 cuando se exacerbó la conducta depredadora de los funcionarios y allegados que se marchan por decisión del voto mayoritario, a pesar del talante del derrotado presidente Joaquín Balaguer, quien tuvo mil defectos pero entre ellos no estaba ser un depredador.

Recordamos en aquella ocasión cuando el procurador fiscal del Distrito Nacional designado por el presidente Antonio Guzmán se vio precisado a desplazarse por distintos lugares a recuperar propiedades del Estado que se fueron detrás de los salientes.

Uno espera que el Ministerio Público designado por el presidente Luis Abinader no tenga que hacer lo mismo desde el mismo 17 de agosto para, aunque estamos casi seguros de que el nuevo gobernante tendrá que derogar algunas disposiciones adoptadas por Danilo Medina con el único interés de favorecer a sus amigos.

Es obvio que ciertas disposiciones de Gobierno estaban aguantadas por la seguridad que tenía Danilo de que “yo gano estas elecciones” aunque él no era candidato.

Estaba seguro de que al ganar el Partido de la Liberación Dominicana él iba a gobernar a través de Gonzalo Castillo, aunque más de uno en la historia reciente de estos países latinoamericanos se han equivocado al proyectar de ese modo su extensión por interpósita persona.

Es en esa virtud que vemos cómo el Presidente de la República se lanza a una frenética toma de decisiones en materia que deberían ser prerrogativa del próximo mandatario, y no poner a Abinader en la disyuntiva de tener que dejarlas sin efecto.

La mala práctica de los gobernantes salientes de tomar medidas comprometedoras hasta la víspera de abandonar el poder, debería ser parte de una discusión a futuro con miras a ponerle límites al desenfreno gubernamental durante la transición.

Se debe establecer las cuestiones en las cuales el mandatario en despedida puede tomar decisiones, dejándole el ámbito meramente protocolar y la adopción de disposiciones que no impliquen grandes erogaciones de fondos ni la aprobación de proyectos de largo plazo ni que afecten el accionar de su sucesor.

Es lo que se estila en las naciones que tienen bien claros los límites del poder presidencial, conducta de les ha resultado en mayor institucionalidad.

Ha llegado el momento de atarles las manos a los presidentes desaprensivos y forajidos y ponerles bien en claro que la transición entre las elecciones y la asunción de las nuevas autoridades debe circunscribirse a no permitir la paralización del aparato del Estado.