El arresto, en junio de 2015, en São Paulo, del poderoso empresario brasileño, Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional Odebrecht, S.A., por su participación en la megatrama corrupta de la petrolera estatal Petrobas, produjo la mayor conmoción política del siglo XXI en Brasil y toda América Latina.

La investigación del caso de soborno y licitaciones fraudulentas más grande de la historia, denominada “Lava Jato” en portugués, tuvo un efecto político tan catastrófico que llevó al suicidio al ex-presidente de Perú, Alan García, uno de los más conocidos políticos latinoamericanos, provocó la caída del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, el apresamiento y enjuiciamiento de expresidentes y dirigentes de los principales partidos políticos, entre los que se destacan figuras de la dimensión del histórico expresidente y popular líder brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, así como el pago de la multa más grande de la historia, ascendente a un monto de dos mil seiscientos millones de dólares.
Para lograr su propósito, Odebrecht corrompió los procesos electorales y, mediante financiamientos vinculados al soborno y las licitaciones fraudulentas, ayudó a ganar y a reelegirse a muchos candidatos presidenciales.

Sin embargo, el precedente más trascedente de corrupción electoral se produjo en el 1972, durante la campaña reeleccionista de Richard Nixon. El caso fue bautizado como el Watergate, debido a que fue conocido después de un allanamiento realizado en las oficinas que ocupaba el Partido Demócrata en un edificio que llevaba ese nombre.

A propósito de este escándalo político, en su reconocida obra Que sé yo de historia, Kenneth C. Davis, lo ilustra como sigue: “Este latrocinio casi risible fue solo un piñón en el engranaje del espionaje doméstico, actos delictivos, fondos ilegales para campañas políticas, listas de enemigos y obstrucción a la justicia que emergieron de la oscuridad con el nombre de Watergate y que terminaron por obligar al presidente Nixon a renunciar, a caer en desgracia y quedar a un paso de ser juzgado por la justicia”.

Otro caso célebre de corrupción electoral fue el conocido como operación “Manos Limpias”, ocurrido en Italia en 1992. Se trató de un caso de financiación ilegal de los partidos políticos, en la que estuvieron involucrados los gerentes de empresas de construcciones, de plantas, de servicios vinculados a obras públicas, así como los directores de empresas de suministro de bienes y servicios para la administración pública, incluida la Empresa Eléctrica Nacional, Transvía de Milán y la Sociedad de Servicios Aeroportuarios.

Este escándalo manchó la histórica carrera política del líder socialdemocrata Bettino Craxi.
En torno al financiamiento, la Ley No. 33-18, de Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos, dispone que las contribuciones recibidas por los partidos políticos y los candidatos, tanto de personas físicas como del Estado, deben provenir de fuentes lícitas, siendo considerado ilícito cualquier tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado o cualesquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados, así como de los ayuntamientos o entidades dependientes de estos, o de empresas públicas y privadas, así como de empresas de capital extranjero.

Tanto los candidatos y partidos que reciban financiamiento ilegal como las personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.