Tras una maratónica audiencia que duró veintiséis horas y durante la cual los abogados de la defensa de los implicados en la denominada Operación Antipulpo hicieron gala de su erudición legal, el juez Alejando Vargas dictó tres meses de prisión preventiva a todos los acusados en la que, con toda probabilidad, se convertirá en la batalla legal del próximo año.

La reacción de la cofradía morada no se hizo esperar: de inmediato acusaron al juez Alejandro Vargas de ceder a la “presión mediática” para dictar su sentencia.  Otros han calificado el juicio contra los implicados en este caso de “circo” y han esgrimido el manido argumento de la persecución política como motivación esencial para sentar a los imputados en el banquillo de los acusados.

Confieso que mientras miraba la audiencia admiré las habilidades retóricas del jurista Carlos Salcedo y de otros abogados de la barra de la defensa quienes hicieron gala de una extraordinaria erudición jurídica y de una probada habilidad para litigar que, por momentos, me llevaron hasta a simpatizar con algunos de los acusados.  

Pero otra parte de mí me susurraba internamente que todo este torrente verbal impresionante no era sino un intento de escamotear lo que no solo yo sino buena parte de la población en este país percibe como una verdad irrebatible: que Juan Alexis Medina Sánchez, amparándose en el blindaje que le daba su hermandad con el expresidente de la república, desarrolló una ambición demencial que lo cegó hasta hacerle creer que el país, como bien lo dijo el procurador Wilson Camacho, era su feudo personal.  

Esta ceguera mental, este prurito que lleva a hombres de mentalidad mediocre a la adicción irracional al poder, y que los consume por dentro como una solitaria, llevó a Juan Alexis Medina Sánchez a acumular una fortuna hiperbólica que la intuición y el sentido común llevaban a sospechar no se había obtenido por medios lícitos.

Una cosa son los hechos y otra son la interpretación de los mismos.  Los abogados se especializan en construir lo que ellos llaman “una teoría de los hechos”. Pero el sentido común, que, dice un refrán, es el menos común de los sentidos, arroja, en este caso, hechos que no mueven a mucha discusión y que, bajo una lupa moral, se convierten en flagrantes violaciones a la ética: uno de esos hechos es la facilidad con la que las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez obtenían directamente licitaciones del estado, lo cual, como bien lo articuló la fiscal Jenny Berenice Reynoso es una probada violación a la ley, ya que en casi todas las democracias occidentales les está vedado a los funcionarios públicos favorecer con cargos o contratos a familiares inmediatos.

No hay que ser un sesudo erudito legal para entender que ese solo hecho, probado en este caso, se convierte en un conflicto de intereses reñido con la transparencia y la ética.

Miguel Guerrero, uno de los periodistas que abiertamente parece exonerar de toda culpabilidad a los acusados en este sonado caso, ha escrito que “los acusados llegaron al juicio de coerción ya condenados por la implacable sentencia de la opinión mediática.” Y más adelante añade que “el paredón moral es el peor de los cadalsos.”

En cierta manera tiene usted razón, señor Guerrero. Este es un paredón moral, pero a diferencia de un circo mediático, es, por el contrario, la censura moral de un pueblo que por largos años ha venido observando como el nepotismo se ha convertido en una práctica ya esperada de aquellos que acuden a la administración pública a enquistar en el tren administrativo a familiares, queridas, amigos y canchanchanes, sin que esta práctica tenga mayores consecuencias como parece que ahora las tendrá.

Sí, señor Guerrero, el pueblo ha mandado al cadalso moral a quienes olímpicamente han depredado de manera orgiástica sus recursos, recursos que han ido a parar a los bolsillos de unos pocos que amparados en la impunidad que les concedía el uso abusivo del poder político no han utilizado esos recursos para construir una sociedad más justa y equitativa. 

A pesara de que los imputados en este caso pasarán tres meses en la cárcel, esta batalla contra la depredación patológica del estado apenas comienza.  En tres meses el Ministerio Público volverá a poner su lanza en ristre para, armado de nuevas pruebas, arremeter contra quienes, de manera consciente, se convencieron en su fuero interno de que nunca llegaría hasta ellos el brazo justiciero de la ley.  Pero Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho representan las esperanzas de justicia de un pueblo cansado ya de tanta desfachatez moral, de tanto desperdicio en el uso de sus recursos, de tanto abuso no castigado.  

Hasta ahora todo parece indicar que una nueva era ha comenzado en nuestro país: la de un castigo ejemplar hacia todo aquel funcionario que, aprovechándose de su cargo, intente desfalcar al estado. Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho representan el deseo de este pueblo de llevar un saneo que mande al cadalso físico y moral a quienes intenten alegremente usufructuar sus dineros.

Ya han ganado la primera batalla en esta guerra. Deseémosles éxito en las que se avecinan.