Los recientes informes sobre el Índice de Desarrollo Humano elaborados por el Ministerio de Economía, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reflejan que, de las cinco provincias más pobres de la República Dominicana, tres están en la frontera y una es limítrofe con éstas.

Entre ellas, y en toda la geografía nacional, la que acumula los mayores niveles de pobreza extrema es Elías Piña, seguida por Pedernales e Independencia (fronterizas), y Bahoruco, adyacente a la línea divisoria con Haití.

Es evidente que, a pesar de los ingentes esfuerzos llevados a cabo por el Estado en las últimas décadas, las políticas públicas no han tenido el impacto buscado.

Conforme el mapa de pobreza, Elías Piña tiene una tasa de pobreza de 83.2%; Pedernales 74.6; Bahoruco 74.5% e Independencia, 72.9%, una situación que se verifica a partir de cualquier parámetro de medición de marginalidad que se utilice.

La otra de las cuatro provincias fronterizas es Dajabón que se encuentra en un nivel de participación económica de su población un poco más elevado que las tres citadas, quizá por factores de cercanía relativa a una zona más desarrollada como lo es el Cibao Central.

Partiendo de una realidad tan dura fue que se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo marcada con el número 28-01, encaminada a incentivar la instalación de empresas que crearan oportunidades de empleos a los habitantes de la frontera que formaran parte de la población económicamente activa (PEA) y produjeran riquezas.

Esta ley desde sus inicios fue severamente atacada por sectores empresariales que en este aspecto se han comportado como el perro del hortelano, ya que han tenido la oportunidad de aprovecharla, pero les ha resultado más cómodo bombardear las intenciones de la legislación.

¿Qué ha impedido a esos sectores establecerse en la frontera y aprovechar los incentivos que contempla la ley atacada? Es obvio que la ley no discrimina a nadie que la quiera aprovechar.

El laborantismo empresarial contra esa ley tiene que ser enfrentado, no solo por los legisladores de las cuatro provincias fronterizas y las cuatro circunvecinas, sino por el Congreso Nacional en pleno.

Se me ocurre pensar que si en nuestro país existiese una verdadera conciencia ciudadana, un pensar y actuar en colectivo, la población de esas ocho provincias debería aunarse y decretar un boicot contra el consumo de los productores que elaboran y comercializan las empresas cuyos ejecutivos le han abierto fuego a la única vía real que tienen esas demarcaciones de progresar.

Pero lamentablemente no ocurrirá así. Mientras, los dolientes que tienen las provincias fronterizas debemos mancomunar las acciones para impedir la derogación de la ley.