Santo Domingo.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) depositó los RD$760 millones que recibió de la Jurisdicción Inmobiliaria en una cuenta para ejecutar el Proyecto de Gestión y Conversión de Documentos Judiciales Activos y en otra de corretaje en Inversiones Banreservas, en aras de mantenerlos en una inversión segura y maximizar su rendimiento.
Así lo informó ayer el magistrado Fernando Fernández, miembro del máximo órgano administrativo de la justicia dominicana, quien aseguró que no hay ninguna irregularidad en hacer una transferencia de un capítulo a otro dentro de las cuentas del Poder Judicial.
“Esas actividades son muy propias de cualquier administración. Es un juego de cuentas, de manejo por necesidades y un cruce, donde se deja un rastro de cada movimiento y que va desde un estudio técnico, un estudio financiero, uno legal y luego sube al Consejo para que lo verifique, entienda la necesidad de mover recursos de una cuenta a otra y el propósito”, indicó Fernández.
Como aval de que se actuó con transparencia y corrección, presentó un informe jurídico-financiero de la Dirección Legal y la Dirección Financiera que dio luz verde para la solicitud de reembolso de fondos de la Jurisdicción Inmobiliaria el 5 de mayo de 2020.
Fernández explicó que en el desarrollo de sus actividades, el Consejo del Poder Judicial le avanza fondos a sus dependencias, entre ellas, la Jurisdicción Inmobiliaria y manifestó que desde el año 2017 estaba pendiente el reembolso de los recursos que esa entidad recibió para cubrir el pago del Plan Nacional de Titulación Masiva, el Plan Base de Datos Históricos y el Plan de Ventanilla Express y Fortalecimiento.
En ese momento, la transferencia era por un monto de RD$147 millones y fue aprobada por el Consejo del Poder Judicial, que dirigía el magistrado Mariano Germán, mediante el acta 11-2017.
Sin embargo, luego de una revisión que fue analizada por Enmanuel Moreta Fermín y Patricia Díaz Mets, director legal y directora financiera de la institución, que sumaba lo que se había acumulado en el tiempo, se determinó que el monto pendiente ascendía a RD$760,483,977.81, precisó Ángel Brito, director general de Administración y Carrera Judicial.
“Reitero, son cuentas que están dentro del Poder Judicial y no hay ninguna irregularidad en esa decisión. Y, en segundo lugar, esos fondos se utilizan para proyectos del Poder Judicial, que quedan sujetos a la aprobación del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano que tiene la competencia constitucional para administrarlos y decidir a cuáles proyectos los asigna”, sostuvo Brito.
Al referirse a la denuncia hecha por el magistrado Leonardo Recio Tineo, también miembro del Consejo del Poder Judicial, en el sentido de que se habrían desaparecido RD$760 millones, Fernández dijo que “esos fondos evidentemente que se saben dónde están y quienes han denunciado participaron de las decisiones de qué se había hecho con ellos, inclusive antes de la actual composición del Consejo del Poder Judicial”.
Asimismo, aclaró que el magistrado Luis Henry Molina, presidente de ese organismo, no tiene facultad legal para tomar decisiones sin contar con la mayoría constitutiva. “No hay forma que el magistrado presidente pueda hacer una aprobación por sí solo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ni en el Pleno del Consejo del Poder Judicial. Ambos son órganos colegiados y las decisiones se toman por mayoría de votos”, aseguró Fernández.
Insistió en que cualquier solicitud, política, movimiento, incluyendo si se va a transferir fondos entre las mismas cuentas del PJ por alguna razón, tiene que autorizarlo el Consejo del Poder Judicial, luego de que las propuestas son presentadas, explicadas y sometidas a discusión.
Sobre el personal
Sobre la duplicidad de cambios en puestos directivos y la frecuente rotación en el personal, Fernández dijo que históricamente el Poder Judicial ha tenido un “dinamismo muy prolífico en términos de gestión humana”.
Sostuvo que el Consejo del Poder Judicial ha implementado políticas para mejorar la parte cualitativa de la gestión humana tomando en cuenta la impostergable necesidad de modernizar el sistema judicial de República Dominicana y que en el proceso se han detectado situaciones no muy positivas, entre ellas, gente que se rehúsa a adquirir las competencias profesionales que el propio Poder Judicial pone a su disposición.
“Hay movimientos casi mensualmente desde siempre porque el tamaño de esta institución lo amerita. Aquí hay alrededor de 8 mil servidores judiciales, incluyendo la seguridad”, comentó.
También negó que haya dos y tres posiciones gerenciales para desempeñar una misma labor. “Aquí no hay duplicidad de puestos. Y si hay, las detectamos y se toman las correcciones de lugar”, aseguró el magistrado Fernández. Consideró “descabellada”, la denuncia de que no hay dinero para pagar la nómina de los meses de febrero y marzo. “El Poder Judicial funciona con apropiaciones y recibe su asignación mes tras mes”.
Ministerio Público aún no investiga la denuncia
Las autoridades del MP no han investigado la denuncia por prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y desfalco, que fue interpuesta en contra del presidente del CPJ, Luis Henry Molina. Así lo aseguró el magistrado Leonardo Recio Tineo, miembro del CPJ, quien depositó, en diciembre pasado, la denuncia contra el también presidente de la SCJ. “Pero hay algo en este país, que no sé qué es… porque a Luis Henry no lo han investigado… No se ha movido nadie, no han allanado nada”, indicó. Recio Tineo denunció que de forma “irregular” han sido transferidos RD$760 millones de la Jurisdicción Inmobiliaria, sin conocerse el destino del dinero. Afirmó que trató de reunirse con la procuradora Miriam Germán Brito, para tratar el tema.
“Quedamos de juntarnos para que viera las otras documentaciones… La cuestión es que no me he podido juntarme con ella (Miriam Germán Brito)”, indicó en conversación telefónica con elCaribe.
