Julio R. Cordero
Llevo varias semanas escribiendo acerca del mismo tema: las anomalías, entendiéndose como el gran fraude, ocurridas en las elecciones pasadas, de las que los únicos beneficiarios son el Presidente Danilo Medina, que obtuvo “su” congreso, y el PLD que seguirá repartiendo corrupción e impunidad por lo menos hasta el 2020.
De nada han valido las reclamaciones mencionadas en el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA; ni las denuncias de irregularidades que hizo UNIORE; ni las debilidades señaladas por la Internacional Socialista Juvenil durante el proceso, ni el trino de Daniel Zovatto, de IDEA, quien en su cuenta de Twitter proclamó la falta de integridad de la JCE.
Tampoco ha valido exhibir las pruebas de hechos y situaciones inexplicables dados a conocer por 6 candidatos presidenciales, las cuales se refieren a colegios electorales con exceso de concurrentes; mesas donde los votos emitidos en el nivel A son menos que los emitidos en el nivel B; diferencias entre actas manuales y actas electrónicas; trasiego de votos del PRM al PAL y al PASOVE; suplantación de actas; desaparición de boletas correspondientes a la oposición; boletines que suman más del 100 por ciento, y hasta la desaparición de colegios electorales.
Ahora se agrega un nuevo elemento: la comunicación que le dirigiera el Magistrado Eddy Olivares al Presidente de la JCE, en la que se explica que no hubo tal auditoría de los equipos sino una simple revisión que, por demás, fue solicitada por la propia empresa vendedora, INDRA, que con su silencio termina siendo cómplice de este fraude.
Aparte de sugerir una demanda a INDRA por incumplimiento, el Magistrado Olivares sugiere que se haga una auditoría “a los dispositivos de escrutinio de resultados y de identificación de registro por parte de una firma independiente”, algo que también el CONEP acaba de sugerir.
INDRA no cumplió cuando sus equipos únicamente pudieron procesar “en el nivel presidencial “9,815 relaciones, el equivalente al 64% de los colegios; en el municipal 9,003, equivalentes al 59%, y en el congresual 8,236, equivalentes al 54%.
La auditoría determinaría la legitimidad del próximo gobierno así como la credibilidad de la propia JCE y de su presidente porque, como manifestó el CONEP, “la confianza en la institucionalidad que rige las elecciones se agotó.”
Si hay tanto en juego y se tiene la seguridad de que no se cometió fraude ninguno ¿por qué no realizar esa auditoría?, ¿por qué no callarnos la boca, realizando tal auditoría, a los que hoy reclamamos transparencia y que, con toda seguridad, seguiremos insistiendo en que el gobierno y el PLD montaron un gran fraude?
El tiempo es esencial; ojalá que la JCE no se atreva a contaminar la evidencia.
