El Presidente Luis Abinader (que es un civil), debe saber, si no lo sabe, que las instituciones armadas, por más que cualquier ley lo dicte, no aceptan órdenes de civiles (salvo de él, como única excepción). Porque desde los tiempos de Santana, todo empleado público que porte arma (Ojo: los militares y policías son empleados públicos) no responden a las leyes civiles, por más que sean promulgadas por su Comandante en Jefe (que, por cierto, es el título que más les ha gustado a nuestros mandamases). De ahí que la DIGESETT no acepta órdenes del INTRANT ni reconoce al Defensor del Pueblo… (¡Cuánto atraso, carajo!).