Tras más de medio siglo en los medios de comunicación promoviendo la equidad, la diversidad, la educación como fundamento del hombre y la mujer nuevos y el diálogo y la tolerancia como eje de la convivencia, siento atribulación por la forma tan absolutista en que entidades religiosas han reaccionado ante la Orden Departamental 33-2018 que “declara como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación”, sentando un pésimo ejemplo de sectarismo e incapacidad de diálogo.

Apenas se trata de un diseño, con asesoría externa y académica, que obviamente tendría que ser sometido a consideración de toda la comunidad educativa, comenzando por el Consejo Nacional de Educación, y por ningún lado asoma lo que algunos grupos consideran “ideología de género”, adelantándose a condenar el proyecto, sin dar oportunidad a que se conozcan los lineamientos fundamentales de la política de género que regiría los programas, estrategias pedagógicas y actividades administrativas del Ministerio de Educación.

Hasta la respetable Conferencia del Episcopado Dominicano incurre en exceso de intemperancia y penoso prejuicio sobre la política de género que se pretende. Al comienzo de su comunicado es razonable que reclame “mecanismos democráticos, deliberativos y transparentes para una mayor participación en la formulación de políticas públicas, relacionadas con la educación”. Pero luego retuerce el plan de diseñar una “política de género”, para equipararla con lo que llaman “ideología de género que desarraiga la naturaleza humana, ignora la biología, desconociendo conceptos científicos irrefutables”. Sin que haya asomado llega al extremo de plantear que la disposición “carece de sustentos que permitan su aplicación”. Por lo cual entienden “nociva que la política de género sea incluida en el diseño curricular”.

Mucho más penoso fue el comunicado suscrito por cuatro instituciones educativas, seis asociaciones de padres y nueve respetables concilios y asociaciones evangélicas, donde se prejuzga que “cuando esta ideología entra en el sistema educativo, los niños reciben un adoctrinamiento que promueve el homosexualismo, el lesbianismo y el transexualismo como algo positivo y deseable”, y que los currículos con perspectiva de género “introducen a los niños a una temprana hipersexualización, y en las aulas de clases de primaria se enseña y estimula a los niños a masturbarse, a usar pornografía”…

Todo lo que plantea la Orden Departamental es propiciar “herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista”, así como “trazar pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana”.

Confieso que creía que los religiosos dominicanos estaban convencidos de que el machismo y la discriminación de las mujeres y niñas están profundamente arraigados en la sociedad dominicana y generan violencia y exclusiones inaceptables por lo que se precisa una transformación cultural que debe comenzar en las escuelas. Equipararla con la promoción temprana de la sexualidad es tan prejuicioso como negar que los niños vayan a las iglesias porque hay sacerdotes y pastores pedófilos, cuando la gran mayoría cuidan sus cuerpos y almas.

Pero en última instancia, la orden busca cumplir el artículo 39 de la Constitución que proclama que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” y dispone que el Estado procure que la igualdad sea real, y adopte medidas para prevenir y combatir la exclusión. Ya en 1997 la Ley General de Educación dispuso “educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombre y mujeres” (artículo 5).

La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo específica en su artículo 12 que “Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”. Y el Pacto Educativo del 2014 plantea que la educación es un derecho de acceso universal “orientada a construir una ciudadanía plena mediante la formación integral de personas conscientes de sus derechos y deberes”… Comprometidas con la igualdad y equidad de género y la atención a la diversidad”. También dispone “incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual reproductiva, el conocimiento y prevención de las infecciones de v transmisión sexual y el VIH, así como la formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia familiar, y maternidad y paternidad responsables.-