Santo Domingo, RD.- El abogado de unos de los dos hombres acusados por las autoridades de "posesión de drogas y armas ilegales", dijo que acudió con su defendido hasta la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y le fue negada la entrada a las instalaciones.
“La DNCD no nos quiso recibir, dice que no tiene nada que ver con el señor Amílcar Soto Candelario”, expresó el abogado, quien se identificó José Sosa.
Sosa manifestó que fueron hasta las instalaciones de la DNCD para aclarar el incidente tras el allanamiento, ya que según explica, su cliente no tiene problemas con drogas.
Mientras que, el señor Amílcar Soto y su abogado expresaron a través de CDN que están en total disposición de las autoridades para esclarecer el caso.
Buscados son exmiembros de la Armada
Esta tarde la Armada aclaró que Amílcar Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rossó Peña, ambos buscados por la DNCD este viernes en la oficina del alcalde de Santiago Abel Martínez, fueron miembros de esa institución.
La entidad emitió una aclaración tras las versiones de que los indivuduos pertenecen a ella.
"La Armada de República Dominicana informa a la ciudadanía que Carlos E. Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, no son miembros de la Armada de República Dominicana, tal y como se informa en diferentes medios de prensa y redes sociales", indicó.
Señala que tanto Rossó Peña, de 48 años, como Soto Calendario, de 46, fueron despojados de sus nombramientos en 2008 y 2009, respectivamente, por decretos presidenciales del entonces mandatario Leonel Fernández.
“Rossó Peña fue cancelado por el Poder Ejecutivo su nombramiento de oficial de la Armada, en fecha 13 de agosto del año 2008. En el mismo sentido, al nombrado Amílcar Rafael Soto Candelario le fue cancelado por el Poder Ejecutivo su nombramiento de oficial de la Armada, en fecha 29 de enero del año 2009”, leía parte del comunicado.
Ambos son buscados por supuestamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.
Caso Rossó Peña
En el caso de Rossó Peña, este fue vinculado con la masacre de Paya, provincia Peravia, ocurrida en 2008.
Según reportes de archivo de LISTÍN DIARIO, el ex teniente de navío fue acusado de tener “fuertes nexos” con el grupo de oficiales acusados al asesinato de siete extranjeros en Paya, un conflicto ajuste de cuentas por unos 1,300 kilos de cocaína robados.
Fue solicitado para extradición por la justicia de los Estados Unidos a mediados de septiembre de 2009, luego de informes de inteligencia que lo ligaban al tráfico de drogas, hacia ese país vía Puerto Rico, usando de su condición de militar.
Un año antes fue desvinculado de la Armada de la República, precisamente por sus lazos al narcotráfico, en un expediente que figuraban un grupo de oficiales que fueron expulsados de la Marina de Guerra por supuestos viajes ilegales y otras acciones delictivas.
Rossó Peña estuvo en la División de Inteligencia Naval de la Marina (M-2), Batallón Policía Militar de la Marina de Guerra, en la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (J-2), y en el Patrullero de Altura 2 “Juan Alejandro Acosta”.
