Santo Domingo, D.N.– Un categórico rechazo de parte de la clase empresarial ha recibido el proyecto de la Ley de Modernización y Actualización del Código de Trabajo depositado este jueves ante Senado por el Gobierno dominicano.

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) alega que la pieza presentada no integra las innovaciones a la cesantía laboral que fueron colegiadas por el sector productivo nacional.

Según su presidente, el sector está conteste en que la cesantía constituye una traba para la competitividad, en especial para las pequeñas y medianas empresas, por cuanto es imperativo que se flexibilice el alcance de dicha normativa, como estrategia de fomento del empleo y el crecimiento económico.

“Deseamos que conste que no hemos sido consultados para la introducción de esta propuesta, ni hemos participado en ninguna mesa de trabajo de discusión con miras a este propósito, por lo cual la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, no responde a resultados de consenso ni concertación con la base productiva nacional >>, indicó Andújar.

Los industriales indican que es hora de adecuar el tema del auxilio de cesantía al contexto actual, y que su modificación aplicaría solo para los nuevos empleos generados a partir de la aprobación de esta reforma, y no tocaría los derechos adquiridos de los trabajadores actualmente en nómina.

De su parte, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) consideró como desacertada la propuesta laboral, en esta coyuntura donde el Congreso Nacional está inmerso en reformas constitucionales, fiscales y conocerá el Presupuesto General de la Nación del 2025.

Laura Peña Izquierdo, presidenta del gremio, explicó que si bien reconocen y valoran el diálogo tripartito, insisten en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la modernización de las leyes laborales y la protección de los derechos de los trabajadores.

Dijo que uno de los puntos clave para la Copardom es la modificación del régimen de cesantía porque reduce la competitividad de las empresas, limita sus oportunidades de desarrollo, frena el incremento de los salarios y la generación de empleos formales.

Mientras que César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), hizo un llamado, en sus redes sociales, a “la prudencia y moderación”.

Indicó que los representantes del mercado empleador manifestaron al Ministerio de Trabajo su rechazo a ciertas propuestas, sin embargo, dijo estar consciente sobre lo fundamental que es desarrollar una reforma integral para garantizar la evolución de los empleados en el territorio.

Pepe Abreu

Mientras, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, indicó que el sector empresarial debe entender que la discusión sobre la cesantía laboral concluyó el 26 de agosto de este año y negó que la misma constituya un freno para la economía, ni un motivo para el alto nivel de informalidad. “La cesantía laboral, como no fue un artículo consensuado entre las partes en ninguno de los espacios de diálogo, queda como está en el código vigente”, indicó.

Presentación de la pieza

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps depositó el proyecto de ley, que dijo no toca el tema de la cesantía porque en este punto los actores del tripartismo no se pusieron de acuerdo.

El funcionario estableció que en esta propuesta se establecen los parámetros para permitir la fluidez del teletrabajo, facilitando la implementación de un modelo alternativo o dual que permita combinar la presencialidad y la virtualidad.

Adelantó que también en esta reforma se han colocado nuevos derechos laborales para quienes se dedican al trabajo doméstico en hogares, como derechos salariales que les permitirá acceder a la seguridad social.

Destacó que lo contemplado en el documento fue el resultado de las más de 100 sesiones realizadas desde febrero de 2022, para garantizar el consenso en la Mesa Técnica Jurídica del sector productivo de la población. La reforma propuesta contiene cambios en los artículos referidos a la judicialización de los procesos laborales, y permite al sector empleador tener mayor flexibilidad en horarios laborales.