Santo Domingo.- Con pancartas en las manos, cientos de manifestantes se apostaron ayer frente a la Puerta del Conde, vistiendo de negro, en rechazo a la eliminación del párrafo tercero del artículo 85 en la modificación del Código Procesal Penal (CPP), que permite a cualquier ciudadano querellarse contra los servidores públicos. La ley, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, está pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo.
Los manifestantes comenzaron a llegar al Parque Independencia desde las 4:00 de la tarde, con pancartas en manos donde se podía leer "No más impunidad" y "Vamos contra los ladrones a recuperar lo que es nuestro".
Diversas personalidades del quehacer político, social y artístico estuvieron presentes en la protesta, entre ellos Guillermo Moreno, presidente de Alianza País; Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República; el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero; el periodista Ramón Colombo; la presentadora de televisión Mariasela Álvarez.
Moreno calificó la modificación del referido artículo como inaceptable y dijo que no le sorprende la aprobación por parte del Congreso, porque a su entender "éste actuó de manera coherente, porque es el mismo que legalizó el corrupción a través del barrilito y el cofrecito".
Dijo además que el procurador Francisco Domínguez Brito no actúa como defensor de la ciudadanía sino como "un comisario político para la preservación de lo que se han robado los corruptos".
En tanto, Milagros Ortiz Bosch sostuvo que "hay que explicar a la ciudadanía, cuáles son sus derechos potenciales". La también exsecretaria de Educación, no acudió vestida de negro, pero sí ratificó su apoyo a la manifestación y declaró que de ninguna manera podría aceptarse esta modificación del CPP.
Agentes de la Policía Nacional se mantuvieron a corta distancia de los manifestantes, quienes llevaban cintas en la boca, las cuales simulaban "la mordaza" del gobierno contra quienes se han opuesto a la reforma al Código Procesal Penal.
La concentración frente al Parque Independencia fue organizada por los movimientos Justicia Social, Foro Ciudadano, Juan 23, La Multitud, entre otros.
El Congreso Nacional aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de Ley que modifica el Código Procesal Penal de la República Dominicana, que contempla, entre otros aspectos, la modificación del párrafo tercero del artículo 85 que establece que "en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante".
ADOCCO DENUNCIARÁ ANTE LA CIDH MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
SANTO DOMINGO.- El coordinador general de la La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, declaró que ya ese organismo dio la voz de alerta a organizaciones internacionales de la sociedad civil, de que en la Republica Dominicana quieren cercenar el derecho de perseguir la corrupción pública administrativa.
Dijo que de no producirse las observaciones a la reforma del Código Procesal Penal, elevaran un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, organismos internacionales y ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Eliminar el párrafo tercero del artículo 85 del CPP, es eliminar el derecho que tienen los ciudadanos de querellarse ante aptos punibles que cometan los funcionarios del estado, buscando con esto un salvoconducto a la corrupción pública, aseveró el coordinador de ADOCCO.
"Es imposible que en República Dominicana a estas alturas se pretenda quitar derechos cuando en el resto del mundo lo que se están es ampliando los derechos de los ciudadanos, lo que sin lugar a dudas coloca al país entre los más corruptos del mundo", apuntó al ser entrevistado en el programa Detalle Semanal.
De su la el ex procurador adjunto Hotoniel Bonilla al participar del debate, dijo que la sociedad civil esta errada en su interpretación de la modificación al Código Procesal Penal, y que la del articulo 85 la han desnaturalizado porque la única diferencia entre denunciante y querellante es que la última tiene que ser víctima directa del hecho punible o delito.
"Esta es una reforma amplia profunda e integral aunque pudo ser más abarcador en los actores procesales pero de ninguna manera le quita derechos a los ciudadanos ni tampoco le impide participar en la persecución de la corrupción pública administrativa".
Bonilla declaró que de todas manera en nada ayuda que el ciudadano pueda querellarse ya que es el Ministerio Público de todas maneras quien tiene que presentar e instrumentar las pruebas, esto desde el punto de vista procesal no tiene ningún sentido.
Que el ciudadano sea un querellante incluso es hasta peligroso porque en su mayoría los casos de persecución de la corrupción tienen fines oscuros y en particular las organizaciones de la sociedad civil son solo un apéndice de los partidos políticos y lo que hacen al fin y al cabo es responder intereses particulares ante que defender los intereses de la patria como tanto dicen, indico el ex procurador adjunto.
De igual modo el ex director del departamento de persecución de la corrupción entiende que al Ministerio Publico hay que darle las herramientas para que pueda investigar de forma profunda y con carácter científico. (Diario Libre)