SANTO DOMINGO.- La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada y las exigencias que presuntamente habría hecho al investigado Roberto Canaán por el caso Senasa.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Atrapado infraganti
Según al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El Ministerio Público indica que Valdez Alcántara ejerció coacción continua en contra de Canaán a través de conversaciones telefónicas. Ponen como ejemplo una llamada del 18 de marzo de 2026, en la que este le pregunta “¿Para cuándo está la cosa?” y estableciendo como fecha límite de entrega el 24 de marzo.
Señuelo para atraparlo
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que éste indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Fiscal del pepca
A propósito del caso, este martes el Procurador Adjunto y director general de persecución, Wilson Camacho, quien calificó como “repugnante, indignante e inaceptable” el presunto acto de soborno de Valdez, expresó a través de la red social X que al Ministerio Público no lo define un acto de corrupción que haya cometido un fiscal, sino la decisión de ser procesado sin privilegios.
“Nuestro compromiso con la honestidad y la transparencia es inquebrantable. La legitimidad institucional se construye con hechos” indicó. Así lo dijo también ayer la directora de litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, afirmando que las investigaciones desarrolladas contra Valdez no comprometen la integridad ni el destino de los expedientes de corrupción en los que ha tenido participación.
Valdez Alcántara es conocido por participar en los casos: Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y Seguro Nacional de Salud (Senasa). Precisamente, el Ministerio Público señala al fiscal por haber recibido sobornos de un imputado en el supuesto entramado de corrupción registrado en Senasa.
Valdez Alcántara, acusado de recibir soborno, se encuentra confiado “en su inocencia”, según declaraciones de su abogado, Valentín Medrano.
Aplazan conocimiento coerción
Su caso, para quien el Ministerio Público pide 12 meses como medida de coerción, fue aplazado este lunes.
La magistrada Isis Muñiz tomó la decisión de aplazarlo a fin de que los abogados del imputado puedan estudiar el expediente en su contra, y fijó la audiencia para el próximo martes siete del mes de abril.
