Creo que no exagero al decir que más de una generación crecieron escuchando el discurso sobre la necesidad urgente de que se emprenda una real depuración de las filas de la Policía Nacional, una profilaxis que extirpe a los malos agentes que arruinan la noble labor que realiza la inmensa mayoría de sus miembros.
Sin embargo, esa urgencia sólo se ha quedado en la expulsión periódica de unos cuantos agentes que se han saltado las directrices superiores y horadado la imagen del cuerpo con la comisión de crímenes y delitos, pero sin adentrarse a la cuestión fundamental.
Cuando suceden episodios aberrantes como la muerte bajo una lluvia de balas de los esposos Díaz-Muñoz en Villa Altagracia, es que se abre de nuevo el expediente de la depuración policial, un grito colectivo que es acallado por la próxima noticia merecedora de grandes titulares.
Si hacemos un recuento apretado de las veces que se ha reclamado un cambio real en la Policía, nos topamos con que esto nunca se ha asumido como una política de Estado encaminada a dotar a la sociedad de un cuerpo policíaco a la altura de sus expectativas.
Como siempre sucede en las cuestiones cruciales, nos quedamos dándole vueltas al molino, en la periferia, sin asumir lo medular.
En algún momento se asumió que había que empezar por cambiar la imagen visual, y se pintó el cuartel principal, variando a un gris menos lúgubre. Es decir, simple fachada.
En otra oportunidad—y dentro de ese irse por las ramas—, hasta se llegó a contratar a nuestro afamado diseñador Óscar de la Renta, para diseñar un nuevo uniforme policial. Otra pérdida de tiempo.
Más luego copiamos de la Policía de Nueva York la forma de su logotipo, y es el que exhiben actualmente los agentes de la Policía Nacional. Es decir, otra forma de irse por la tangente.
Nada de esas cursilerías ha impactado sobre el problema real de la Policía, el cual consiste en un asunto de confianza, en que cuando a un ciudadano lo detenga una patrulla no sea presa del temor ni se vea en la difícil encrucijada de escapar hasta llegar donde haya más personas, corriendo el riesgo de que lo cocinen a tiros, o detenerse sin saber si son delincuentes uniformados o extorsionadores.
La tragedia de Villa Altagracia puede ser el puntillazo final, pues parece la determinación del presidente Luis Abinader. Es un tema de voluntad superior.
