Santo Domingo.- Diputados de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional manifestaron este martes que están de acuerdo con la propuesta de un nuevo convenio de extradición con los Estados Unidos, pero que el mismo tendría que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC).

El presidente de la Comisión  de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, expuso que la Constitución del 2010, establece que el control preventivo a los tratados internacionales está a cargo del Tribunal Constitucional.

Indicó que antes de llegar al Congreso el TC diría si ese nuevo tratado no atenta con las disposiciones de la Carta Magna.

Apuntó que este procedimiento ayuda a que los congresistas se sientan en confianza para conocer el tema o cualquier tipo de convención internacional que se firme. No obstante explicó que este tratado bilateral entre Estados Unidos y la República Dominicana debe ser reciproco.

De su lado, el legislador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Nelson Arroyo, indicó que todos los tratados deben actualizarse; pero, que en el caso extradición la discusión no debe ser si hay limitaciones o no, sino si existen limitaciones para enviar norteamericanos al país: “Nunca hemos visto que los EE.UU. envié a nadie para que sea juzgado en República Dominicana”, aseveró.

Comentó que este nuevo acuerdo debe basarse mediante el respecto de ambas partes y destacó que cuando la justicia de ambos países requiera algunas personas no existan trabas.

En tanto que Henry Meran, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja,  precisó que ve como favorable que se defina un nuevo convenio de extradición con la nación norteamericana, ya que data de alrededor de 100 años y, que es anacrónico en los momentos actuales. Merán dijo que el acuerdo jurídico bilateral es obsoleto; pero que tiene una serie de salvaguardia que deben ser respetadas en el nuevo convenio: “No se puede condenar a un dominicano que sea extraditado a condena mayor a la que establece la justicia del país. Entiendo que eso debe mantenerse, porque sería un duro golpe que se envié una gente y que luego sea condenada a cadena perpetua o a pena de muerte, ya que existe en varios ciudades estadounidenses esas normas judiciales”. (Listin Diario)