La paralización parcial del transporte de pasajeros patrocinada por varias organizaciones del sector y apoyada por formaciones políticas, nos retrotrae a décadas pasadas cuando este era un recurso útil en cierto sentido, pues además de las reivindicaciones sectoriales que planteaba, también tenía un componente de lucha por el poder. Sin embargo, casi concluidas las dos primeras décadas del siglo XXI estos movimientos han dejado de tener sentido, razón por la cual es cada vez menor el apoyo que concitan, aun cuando por vías violentas generalmente los imponen.

A día de hoy es hasta cierto punto penoso que organizaciones con vocación de poder, como el Partido Revolucionario Moderno, se presten a respaldar aventuras sin sentido, ya que el Gobierno—aunque quisiera por puro populismo—no puede reducir los precios de los combustibles en los niveles que piden sin resquebrajar de tal manera el presupuesto público que terminaría arruinando la economía.

Los técnicos del PRM, algunos de los cuales han estado en funciones que les han permitido participar en la formulación del presupuesto del Gobierno, saben perfectamente que es imposible desestabilizar una de las fuentes principales de los ingresos públicos sin disponer de vías alternativas para suplir ese déficit.

Todos quisiéramos que bajaran los combustibles, pero es pura demagogia, politiquería de las décadas 70 y 80 del pasado siglo, que no cabe ya en un esquema moderno donde se impone hacer política con mayor sentido práctico y con mayor responsabilidad.

Que a esas aventuras sin sentido se sumen grupos como marcha verde u otros sin futuro político-electoral, es otro cantar, en razón de que son proyectos que carecen de viabilidad en un escenario donde las confrontaciones cruciales se dan en el campo electoral.

En aquellos años, por demás, los derivados del petróleo se prestaban para el rejuego de ocasión, dándole un uso políticamente ventajista cuyo vaivén servía a los intereses del Gobierno de turno, es decir, aumentarlos en períodos no electorales y hacer lo contrario cuando se necesitaba adormecer a los votantes. Desde el lado de los dirigentes sindicales, los llamados a huelgas del transporte tenían un fin pecuniario, pues generalmente el Gobierno acababa cediendo al chantaje y proporcionando a estos distintas ventajas.

Sin embargo, no fueron pocos los paros del transporte que terminaron en ríos de sangre al enfrentarse tontos útiles con las fuerzas del orden que siempre responden a la naturaleza del poder, es decir, aplicarlo a los más débiles.

Fue en esa coyuntura cuando se consideró oportuno buscar un mecanismo que quitara el ingrediente político a los combustibles y se aprobó la actual ley de hidrocarburos, mediante la cual los precios internos de éstos deben ser fijados conforme la realidad del mercado internacional.