Juan Bolívar Díaz
La epidemia de dengue, que según una fuente de alto nivel había cobrado 145 vidas hasta el 7 de noviembre, desnuda de cuerpo entero el inconcebible desastre del sistema público de salubridad, situado entre los más ineficientes del continente en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de cuyos expertos pegó aquí en estos días un grito que merece ser considerado y ponderado en todo su dramatismo.
Los medios de comunicación recogieron el lamento expresado el 3 de noviembre por la doctora Anabelle Alfaro, veterana consultora de la OPS, a propósito de los estragos que causa el dengue, enfermedad de tratamiento primario; “una de las cosas que no he podido hacer en mi vida es lograr que aquí se baje la mortalidad. Yo espero no morirme sin ver este sueño realizado, sinceramente. Tengo tantos años de venir aquí, y cada vez que vengo me voy más triste”.
Ella y cualquier experto tiene que alarmarse por la alta incidencia que el dengue mantiene en el país, sobre todo por el inaceptable incremento de este año, tan alto que al pasar de 97 víctimas mortales a principio de octubre, las autoridades de Salud Pública optaron por suspender durante tres semanas la entrega de los boletines epidemiológicos. Lo siguiente fue realizar una auditoría a partir de 116 fallecimientos admitidos. La revisión individual de los expedientes les permitió descartar que 25 fueran por dengue y otros 13 porque no había información disponible que les permitiera una conclusión cierta.
Una fuente de alta confiabilidad afirmó que al 7 de noviembre los reportes de afectados por el dengue llegaron a 12,221 personas, 862 más que las 11,259 del último reporte oficial. De esos casos, 1,234 fueron catalogados como graves, y 10,987 no graves, con un total de 145 decesos atribuidos al dengue en los reportes de todo el país.
Pero fueran 116, 78 ó 145, en 10 meses y una semana, como quiera se trata de un incremento grave en relación a los 58 de todo el 2014. Y revisando las estadísticas se puede advertir que el descuido es recurrente, pues de los 12,119 infectados en el 2010, un año después se redujo a solo 2,342. En el 2012 volvió a dispararse hasta 9,484 casos, hasta la más alta tasa, 16,850 en el 2013. El año pasado cayó a 6,273 infectados.
El dengue es solo una muestra del desastre, ya que también hay altas incidencias de muertes por cólera, tuberculosis, maternas e infantiles, de las mayores en la región, prevenibles en los modernos sistemas sanitarios. Las causas están diagnosticadas hace muchos años y de ahí la frustración de la doctora Alfaro: escasa inversión y que prioriza la construcción física, lento y pobre suministro de medicamento y equipos, anárquica ejecución, excesiva centralización, deficiencia del personal médico, incapacidad para delimitar la asistencia primaria de la de los especialistas, fallas de prevención y en vigilancia epidemiológica.
Nadie ha podido explicar cómo el Gobierno se embarcó en la remodelación de 52 hospitales a la vez, gran parte de los cuales llevan años semiparalizados, mientras solo la del Darío Contreras consumió 1,700 millones de pesos, aunque se planificó por 860 millones. Tampoco se explica cómo mantienen moribunda la red hospitalaria del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, organismo que hace tiempo ha quedado sin brújula y al garete.
El desastre de la salud pública es similar al que durante décadas ha afectado al sector educación, que apenas se empieza a enfrentar porque la sociedad lo impuso tras años de lucha. Habrá que levantar una campaña similar por la salud. Otra experta de la OPS, Laura Ramírez, recordó el martes que ese organismo recomienda invertir en salud por lo menos el 6 por ciento del PIB. La República Dominicana se queda alrededor de la tercera parte y gastamos mal, desperdiciamos y robamos, mientras permitimos que sigan vendiéndose medicamentos falsos por 1,500 millones de pesos al año, como se denunció esta misma semana. ¡Ofrézcome! (Hoydigital)
