Santo Domingo, RD. – A raíz del decreto 63-22 que declara de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operan en el país, la Federación Nacional de Bancas de Lotería (FENABANCA) fijó este martes su posición al mandato del ejecutivo, considerando que marca el inicio al cumplimiento del pacto arribado con el Presidente Luis Abinader.

A pesar de que el decreto ha sido acogido como positivo por los banqueros y que en el párrafo 6 dispone la creación de un Consejo Rector, FENABANCA externó algunas advertencias al Gobierno, con el propósito de que no cometan los mismo errores que cometieron gestiones pasadas en el proceso de legalización de bancas de loteria.

La federación que representa a los banqueros del país aconsejó al Poder Ejecutivo, que primero se deben crear las garantías jurídicas sobre el derecho adquirido y disponer de un régimen de consecuencias para los infractores de los juegos de azar, antes de dar inicio al proceso de legalización a este sector.

“Nada que no se sustente en las leyes y las normativas debería ser asumido por el sector, y más con la mala imagen que goza el mismo. Sin esas garantías no tendría sentido legalizarse, porque el Estado en vez de ser un garante seguiría siendo el verdugo”, puntualizó FENABANCA, tras observar además, la resolución 061-2022 del Ministerio de Hacienda que otorga un plazo de 120 días a las barcas de lotería que operan en el margen de la ley para regularizar sus permisos.

El gremio reiteró que de no tomar en consideración este planteamiento, sucedería igual que en procesos anteriores, llevado a cabo mediante la Ley 139-11, que se regularizaron las bancas de loterías, pero no se aplicaban régimen de consecuencias a los que violan dicha ley.

“La Ley 139-11 buscaba aumentar los ingresos tributarios destinando mayores recursos a la educación, solo le agregaron unos cuantos párrafos de relleno referente al sector de bancas y que no contenían consecuencias para los que quebrantaran la normativa”, recordaron.

Se recuerda que la semana pasada FENABANCA había solicitado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda, clausurar las bancas  que funcionan sin los permisos correspondientes; perseguir a los vendedores ambulantes y hacer cumplir la Ley 139 -11, entre otras disposiciones.