Hace un tiempo sostuve una ligera discusión con la cajera de un supermercado al pagar una compra con una tarjeta de crédito, cobro que realizó sin verificar que yo realmente era el dueño de ese medio de pago.
La explicación que me dio fue que el sistema procesa el cobro mediante el mecanismo llamado "pago rápido", el cual no requiere ni firma ni verificación ni ningún protocolo de seguridad contra el robo de identidad.
Desde entonces quedé convencido de que aprovecharse de una tarjeta ajena es cuestión de que el plástico caiga en manos de un delincuente, el cual puede operar a sus anchas sin que nadie le ponga freno.
No había encontrado el momento propicio para referir lo planteado, pero un caso reciente que involucra un asesinato me ha dado la ocasión de llamar la atención de las autoridades—en específico de la Autoridad Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Bancos—para que se adopten medidas.
Conforme se ha informado, un sujeto señalado como presunto homicida de una ciudadana italiana estuvo utilizando las tarjetas de crédito de la víctima hasta que fue descubierto y detenido. No se explica cómo en los comercios donde ese individuo usó las tarjetas no pudieron percatarse de que el usuario era un hombre mientras que la tarjetahabiente era una mujer.
Es aquí donde flaquea el sistema y nos pone a todos a merced de los delincuentes, pues se les facilitan sus fechorías de una forma tan estúpida que convierte a todos en cómplices inactivos.
El mecanismo del llamado “pago rápido” es un pasaporte a la delincuencia, en especial a los clonadores de tarjetas, pues si están seguros de que en ningún comercio les van a solicitar una comprobación de su calidad, operarán a sus anchas.
Se sabe que la clonación de tarjetas y otras modalidades de robo de identidad es una de las actividades del crimen organizado más lucrativas a nivel mundial, rivalizando con otros delitos de gran calado como las drogas, trata de personas, falsificación de dinero y medicamentos y tráfico de armas.
Los que hemos sido víctimas de la clonación de tarjeta sabemos lo frustrante que es, ya que, si bien la entidad bancaria, generalmente, termina reconociendo el delito, es posible que al afectado le hayan robado todo lo que tenía para cubrir sus necesidades urgentes, las que talvez no pueden esperar una investigación que toma su tiempo.
Pienso que el caso del presunto asesino que congeló el cuerpo de la víctima mientras usaba sus tarjetas, debería servir para que las autoridades pasen una normativa contra el llamado pago rápido y obligar a los negocios a exigir identificación antes de procesar una tarjeta.
Al establecimiento comercial no le implicará ningún esfuerzo adicional comprobar la identidad de quien paga con una tarjeta de crédito o débito, mientras le sería de mucha utilidad saber que quien se rehúsa a identificarse es porque algo oculta.
En ese caso, el negocio puede rechazar el cobro, y si le fuese posible, la seguridad que opera en todos los establecimientos comerciales de relativa importancia puede entrar en acción ayudando a las autoridades a enfrentar un eslabón del crimen organizado del que nadie está exento.
Ahora bien, en contra de estas ideas pueden conjugarse dos factores: 1. La codicia de los comerciantes que no les permite poner en riesgo una venta; 2. La desidia de las autoridades.
