Santo Domingo.- El comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sometió este lunes un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del ministro de Educación, Andrés Navarro, por la cancelación ‘‘masiva e injusta’’ de miles de maestros en ejercicio a nivel nacional.

‘‘Procuramos una sentencia que ordene el desbloqueo inmediato de los maestros injustamente bloqueados y que se abstenga de continuar con esa práctica arbitraria e ilegal que viola derechos fundamentales’’, expresó el abogado y miembro del comité ejecutivo del ADP, Miguel Ángel Fernández.

En tanto, Xiomara Guante, detalló que el pasado 25 de agosto tras una sección de trabajo de la ADP con funcionarios del Ministerio de Educación, en la que se les presentaron las pruebas de todos los maestros cancelados de manera injustificada, las autoridades se comprometieron a pagar, pero no han cumplido.

Casi 400 nuevos bloqueados en las últimas semanas

Entregaron las evidencias de cada caso que se podía demostrar no era ‘‘botella’’, dijeron que serían desbloqueados en los próximos días y que además ordenarían el pago inmediato de todos los salarios atrasados, pero casi tres semanas después aún no han pagado. Tras ese encuentro se han producido cerca de 400 nuevos bloqueos.

‘‘En la regional 05 de San Pedro de Macorís hubo más de 300 bloqueados después de ese trabajo del 25 de agosto; además persiste la situación con 1872 docentes’’, comentó Guante para sugerir que la situación en vez de solucionarse, empeora.

Guante pidió al Tribunal que detenga las ‘‘cancelaciones abusivas’’ de Educación. ‘‘Tiene que desbloquear inmediatamente a todos los maestros afectados’’.

El jurista y representante de la ADP advirtió que Navarro ‘‘sigue procediendo de manera impune, por eso venimos acá para que se dicte sentencia, primero declarando al ministro y al Ministerio de Educación como violadores de la Constitución de la República Dominicana, los pactos internacionales, la Ley General de Educación, los estatutos del docente, la Ley de Función Pública en perjuicio de casi 8 mil docentes que han sido afectados y que todavía hoy más de mil continúan privados de sus salarios de manera arbitraria’’. (Acento)