Los procesos judiciales que se encaminan en un país, sin importar el nivel de los encartados, refleja la fortaleza institucional, siempre que en ellos se observe plenamente el máximo respeto por la presunción de inocencia y se les garantice el debido proceso.

Se asume que poner en movimiento la rueda de la justicia no tiene por qué afectar la gobernanza de una nación, sobre todo si como en el caso de la República Dominicana, se trata de un proceso de institucionalización que tiene ya 57 años.

¿De qué valdría luchar por la erradicación de una dictadura, nada menos que luego de eliminar la cabeza de esta, pelear en una guerra civil, enfrentar una invasión extranjera, y todo lo que se ha derivado de esos acontecimientos, si no estamos en condiciones de juzgar a quién sea?

Estas preguntas tienen fundamento en el criterio de algunos de que los procesos judiciales pueden poner en riesgo la gobernabilidad.

Esa apreciación carece en lo absoluto de veracidad, razón por la cual pierde todo sentido el pedimento de que el presidente Luis Abinader convoque a una cumbre con los tres expresidentes, es decir, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, citados en orden de edad.

Una cumbre de ese nivel siempre es importante cuando se trata de abordar temas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia o garantizar la tranquilidad del país cuando estos elementos están en peligro de ser afectados.

Sin embargo, y de manera afortunada, los dominicanos tenemos garantizados esos atributos de una sana convivencia civilizada.

Lo que se trata aquí es de poner a prueba la solidez del sistema judicial y que esté a la altura de las expectativas que todos los dominicanos tenemos de que la Justicia es un poder que debe aplastar con el peso de la ley a quienes la han volado, pero al mismo tiempo garantizar los derechos de los inocentes.

Para eso no hay que celebrar cumbre alguna, pues un encuentro así operaría exactamente contrario al deseo mayoritario del pueblo dominicano de que la Justicia haga su trabajo.

La búsqueda de “bajaderos” para cuestiones comprometedoras ha sido una constante en nuestro país, razón por la cual se aúpa este tipo de iniciativas que conducen solo a sembrar la duda sobre la fortaleza de las instituciones nacionales.

Justamente en estos momentos somos testigos de cómo en los Estados Unidos un fiscal de un simple condado es capaz de sentar a declarar y formular cargos contra uno de los presidentes más abarcadores que ha tenido ese país en las últimas décadas.

A Donald Trump no lo imputa el procurador general, sino algo así como el fiscal de Santo Domingo Oeste.