En los tiempos de nuestro frenesí revolucionario propio de los tiempos de la Guerra Fría nos aferrábamos al concepto de condiciones objetivas y subjetivas para precisar cuándo una acción carecía de lógica y cuándo podía ser viable, o cuándo se podían crear dichas condiciones con diversos métodos de lucha.
Los grandes teóricos desarrollaron estos conceptos, y otros, como Lenin y Trosky, no sólo los definieron, sino que los llevaron a la práctica para alcanzar el triunfo de la Revolución Bolchevique.
Para el triunfo de la Revolución Cubana se dieron las condiciones objetivas, y Fidel Castro pudo coronar el éxito de ese proyecto que empezó con el asalto al cuartel Moncada y tres años después con el desembarco del Granma hasta el fin de las hostilidades con la huida del dictador Batista y el ingreso de los guerrilleros en La Habana. En cambio, el Che Guevara no consiguió las condiciones objetivas para alcanzar el éxito de su movimiento foquista en Bolivia, cayendo asesinado en 1967 en dicho territorio.
O sea, que lo primero que se debe tener en cuenta para cualquier movimiento es si las condiciones son objetivas o subjetivas para calibrar el posible éxito o el inminente fracaso.
Es evidente que los organizadores del paro de labores inicialmente programado para los días lunes y martes en las catorce provincias del Norte del país, no conocen ni el abc de esas premisas, lo que se pone de manifiesto en la propia convocatoria. El fracaso de esa convocatoria estaba asegurado, desde el momento en que sus promotores pierden de vista las condiciones en que se encuentra el país, que aún da pasos para tratar de sobreponerse de una situación que le generó grandes dificultades. Y como tenía que suceder, terminó en “éxito” parcial si lo analizan los propios organizadores, quienes saben que no hubo tal éxito ni parcial ni total, y en cambio un fracaso rotundo.
Un desenfoque que les aseguraba el resultado negativo lo podemos ver en la cantidad de demandas que plantean, muchas de ellas necesidades que el Estado no ha podido satisfacer en varias décadas de democracia, y que la Administración tampoco está en condiciones de afrontar en la actual coyuntura de crisis.
La mayoría de las demandas son justas, pues se trata de la llamada “deuda social acumulada”, cuyo cumplimiento amerita de acciones concretas de aplicación continua durante varios períodos de gobierno. Este fracaso debería servirles de experiencia para que analicen antes de emprender en el futuro acciones de ese calibre sin contar con el control de todos los elementos que les creen el marco propicio, y que, por lo demás, no se dejen utilizar de aventureros políticos.
