El mundo se ha conmocionado ante el inusual y terrible doblete sísmico sufrido por Venezuela, causante de enormes pérdidas humanas y materiales. En la época premoderna, desastres naturales como este eran considerados “golpes del destino”, “actos de Dios” o de los demonios. Al buscarse a quien atribuir estos, en el viejo mundo cristiano el culpable favorito casi siempre era Dios, castigador de un pueblo que se había alejado del “camino del Señor”.
En nuestras actuales sociedades seculares, sin embargo, se persiguen los errores, las omisiones o las faltas humanas que permitieron o acrecentaron los efectos de las catástrofes naturales. Por eso, ningún fenómeno natural nos parece inocente: si golpea un tsunami o un ciclón, hay que averiguar por qué no se nos avisó a tiempo; si un terremoto derrumba edificios enteros hay que investigar los vicios de construcción. La culpa moral, como diría Paul Taponnier, sustituye al mal natural.
Y es que la naturaleza es también construcción cultural. Por eso, las acusaciones por los desastres deben recaer en quienes gestionan la ciencia de la naturaleza, en los expertos, en los tecnócratas y en los políticos. Desde esta perspectiva, saber que el 80% de los venezolanos vivía en zonas de alto riesgo sísmico obligaba necesariamente a decisiones estatales responsables respecto al adecuado diseño y efectiva aplicación de normas de construcción antisísmicas.
Por otro lado, la tragedia venezolana no puede entenderse al margen de la “sociedad del riesgo global”, caracterizada por “la incertidumbre fabricada”, con problemas sociales que vuelven natural el riesgo sistémico y sistémico el natural, sin existir “planes para medidas paliativas en caso de que se produzca el peor caso concebible” (Ulrich Beck). Y, por si fuera poco lo anterior, sociedad cuyo signo distintivo es que sus desastres naturales “se han vuelto descaradamente selectivos” (Zigmunt Bauman), afectando más a los más pobres, viejos, enfermos, vulnerables, marginados, excluidos, en fin, golpeando a quienes muchos consideran -admitiéndolo o no- “vidas que no vale la pena vivir”, simple población “excedente” o “superflua”.
Viene agravada esta calamidad por la crisis triple que sufre Venezuela: la de un régimen político autoritario, impopular y deslegitimado, pese a la bendición de la tutela imperial estadounidense, y que poco procura una todavía muy incierta transición democrática; la de un Estado fallido, incapaz de asegurar bienes sociales básicos a su población; y la crisis económica estructural provocada por dicho régimen, intensificada o no por las sanciones internacionales, que ha colocado a 12.4 millones de personas en situación de necesidades humanitarias críticas y a 8.4 millones más en inseguridad alimentaria, originando un éxodo de 8 millones de venezolanos, gracias a una hiperinflación que, según Keynes, coincidiendo con Lenin, es el instrumento más eficaz para destruir una sociedad.
Siendo optimistas, esta crisis múltiple podría generar “un cambio verdadero”, si se adoptan medidas alternativas adecuadas y sustitutas de las vigentes, que hagan que “lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable” (Milton Friedman). Podría así Venezuela salir del “socialismo del desastre”, evitando el “capitalismo del desastre” (Naomi Klein) -que aprovecha el shock de las catástrofes naturales para imponer su lógica salvaje y expoliatoria de mercado-, reconstruyéndose el Estado en la línea de los vilipendiados, imperfectos, viables y más o menos prósperos Estados constitucionales de derecho, democráticos y con sistemas de capitalismo social de mercado.
